La Corte Suprema dio inicio a la causa que promovió el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, contra el megadecreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei, pero advirtió que no habilitará la feria judicial para tratarla. El trámite quedó suspendido hasta febrero.
Así lo informó la propia Corte en la resolución en la que este viernes al mediodía ordenó que el caso pase a la Procuración General de la Nación para que evalúe si el tribunal es competente para tramitar la demanda, que es lo primero que hay que definir antes de seguir adelante con el expediente.
La presentación de Quintela, peronista que va por su segundo mandato en La Rioja, es una “acción declarativa de certeza” que pretende que el máximo tribunal declare inconstitucional el decreto 70/2023 por los “perjuicios irreparables” que le genera a la provincia. Incluye además el pedido de una medida cautelar para frenarlo hasta que los jueces tomen la decisión final. Es en el expediente abierto por esa cautelar donde la Corte firmó la resolución de hoy enviando el caso al Procurador y advirtiendo que no va a suspender el receso de verano para tratar esta demanda.
En paralelo, en el expediente donde se va a resolver el fondo de la cuestión, la Corte tomó otra decisión: dispuso que se mande copia de la demanda a la Procuración del Tesoro (el organismo que dirige Rodolfo Barra, como jefe de los abogados del Estado). Pero eso también sucederá recién en febrero porque la Corte advirtió que el “oficio” de notificación deben confeccionarlo los abogados de La Rioja y este viernes por la tarde el sistema ya no los habilitaba a hacerlo. Todo será después de la feria.
Quintela plantea un tramite directo ante el más alto tribunal por ser un tema de competencia originaria de la Corte (el caso lo promueve una provincia contra el Estado Nacional). Patrocinaron a Quintela en su presentación el exjuez Eugenio Zaffaroni y el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra.
La decisión de la Corte de este viernes dice: “A fin de que dictamine acerca de la competencia del Tribunal, pasen las actuaciones a la Procuración General de la Nación. Sin perjuicio de ello, y por disposición del Tribunal, se hace saber que esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”. La resolución cita en este punto siete antecedentes de la Corte. Está firmada por el secretario Alejandro Daniel Rodríguez, a cargo de la Secretaría de Juicios Originarios.
Pese a que La Rioja no obtendrá la respuesta rápida que esperaba, Ferreyra, abogado de Quintela, dijo a la prensa metropolitana que lo bueno es que “se abrió el juego”, según reprodujo Paz Rodríguez Niell en La Nación. “La Corte adoptó su decisión en menos de 12 horas [el planteo ingresó a las 23 del jueves]. Las decisiones de los jueces de la Corte conocidas hoy significan una tarea institucional muy valorable del más alto tribunal de Justicia por su prontitud y determinación jurídica”, dijo Ferreyra. Optimista, sostuvo que “al ser aceptada la provincia en el ‘carácter invocado’ ello llevaría a pensar prima facie que hay espacio institucional para discutir constitucionalmente en competencia originaria de la Corte los vicios manifiestos del DNU 70/2023".
La Procuración no tiene un plazo fijado por la ley para dictaminar sobre la competencia. Como también al Ministerio Público lo alcanza la feria, todo indica que su opinión se conocerá a principios de febrero.
En su presentación del jueves por la noche, Quíntela pidió que se declare la “nulidad absoluta e insanable” del decreto 70/2023 “por resultar manifiestamente contrario a la Constitución”. Y solicitó que “se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos del decreto 70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva” de la causa.
El decreto “contiene derogaciones completas de más de cuarenta leyes y derogaciones parciales y modificaciones de otras treinta”, detalló la demanda. “Se trata, así, de una reforma legislativa estructural que no reconoce antecedentes en la historia ni soporte constitucional”, afirma.
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