En el cierre del año, a pocos días del cambio de gobierno, la UCA dio a conocer su informe anual, en el que observó que la Argentina tiene un 44,7% de pobreza y un 9,6% de indigencia. Es decir que en la actualidad, más de 20 millones de argentinos no cumplen con las necesidades básicas de salarios, salud, educación y alimentación.
Este martes, la Universidad Católica Argentina (UCA) presentó el informe “Argentina siglo XXI: deudas sociales crónicas y desigualdades crecientes. Perspectivas y desafíos”, en el que dio a conocer los números de la pobreza en el país, que han tenido un leve avance respecto al 2022.
El trabajo fue realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (Odsa) de la UCA, que año tras año desde 2004, viene reflejando las variaciones en los indicadores socioeconómicos de la población.
Este trabajo va en paralelo al que realiza, de manera oficial, el Indec. Por eso, sirve como complemento para el análisis de la radiografía que muestra cuál es la situación de la clase media y baja en el país.
En principio, el informe de Odsa que acaba de salir a la luz refleja datos del segundo semestre de 2023, muy contundentes, respecto al panorama social y económico de la población de los aglomerados urbanos de 5.760 hogares en la Argentina.
Los datos son concluyentes: al día de hoy, el 44,7% de la población está en la pobreza y no logra cubrir la Canasta Básica Total (CBT) de bienes y servicios. Esto se traduce en unos 18.700.000 personas aproximadamente. Hubo un leve avance respecto a 2022, cuando ese guarismo dio 43,1% (1,6%+).
Respecto a la indigencia, el número también tuvo un leve aumento, ya que este año arrojó un 9,6%. Traducido en personas, se trata de un estimado de 4.000.000 de argentinos que no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En 2022, esta cifra fue del 8,1% (1,5%). De este modo, entre pobres e indigentes, se puede inferir que en la Argentina unas 22 millones de personas se encuentra en ese espectro socioeconómico y tienen, por lo menos, algún tipo de carencia ya sea en la asistencia social, educación y salud.
Según Agustín Salvia, director de Odsa, “estamos viendo un fin de ciclo socioeconómico que arrancó en los ´90 con la convertibilidad” y que tras la crisis de 2001, “hubo expansión del consumo mientras subió la inflación, en contrapartida no hubo generación de empleo ni inversiones” para mover el sistema productivo laboral, explicó.
Este combo de caída de la inversión, estancamiento del empleo pleno y el fuerte gasto público (especialmente en materia social) es el que disparó en los últimos años los niveles de pobreza.
La ayuda social, especialmente la que ofrece el Estado a través de programas y planes, se ha constituido como el gran elemento de contención de la pobreza y la indigencia en el país.
De acuerdo a los números de Odsa de 2023, la tasa de indigencia treparía del 9,6% observado al 20,1% si no tuviera la cobertura de planes sociales como AUH, pensiones no contributivas ni otro tipo de apoyo.
En lo que respecta a la pobreza, el 44,7% estimado se convertiría en un 49,1% si no tuviera la contención de la AUH y otros programas sociales y pensiones no contributivas. Esto además fomenta una retracción del mercado del empleo formal y un avance del empleo informal e inestable, es decir, las “changas” o tareas temporales que permiten generar algún ingreso de subsistencia.
“La pregunta ya no es por qué aumenta la pobreza, más bien deberíamos preguntarnos cómo es que no aumentó aún más la pobreza”, consideró Salvia, en el diagnóstico de la situación socioeconómica.
COMENTARIOS