Las jubilaciones pierden por goleada ante la inflación, que se acelera cada vez más y demuele el poder adquisitivo de los adultos mayores. Muchos de ellos, devaluaciones mediante, están por debajo de la línea de la pobreza.
Son 5,7 millones de jubilados y pensionados en el país que quedan a merced de las subas que determine el gobierno de turno para lograr superar la barrera de la pobreza. O no.
Un informe elaborado por la Fundación Libertad y Progreso en base a datos oficiales indica que la aceleración inflacionaria de los últimos dos años contribuyó a que el gobierno pudiese licuar el valor real de las erogaciones correspondientes a jubilaciones y pensiones. Hasta julio de 2023 se acumulaban 12 meses consecutivos de caída en el valor real de este rubro del gasto primario.
A partir de septiembre, el haber mínimo garantizado aumentó 23% a $87.459,76 (Resolución 189/23) según lo definido por la ANSES.
Con la última suba, el haber mínimo quedó 40,8% por debajo del máximo alcanzado en septiembre del 2015. En ese momento, el haber mínimo era equivalente a unos $147.614 a precios de hoy. Si tomamos solo desde diciembre de 2019, la caída acumulada es del 22,7%. Incluso si sumamos los refuerzos discrecionales y transitorios, que no afectan el haber mínimo, el ingreso para un jubilado que cobra la mínima llega a $124.459, lo que representa una caída del 15,7% desde 2015.
Según revela un informe de la Idesa, el Ministerio de Economía proyecta en el Presupuesto 2024 una reducción del gasto público de 1% del PBI para el próximo año, que ayudaría a bajar la inflación al 70% anual. Lo interesante es observar qué le ocurre a la composición del gasto público con estos cálculos. Según el Presupuesto 2024 se observa que: en el 2022 el gasto previsional fue de 7,6% del PBI y la inflación del 95% anual.
En el 2023 se proyecta que el gasto previsional baje a 7,2% del PBI con una inflación del 136% anual.
En el 2024 se proyecta que la inflación baje a 70% anual y en los cálculos del Ministerio de Economía el gasto previsional se recuperaría al 7,6% del PBI.
“Estos datos muestran que uno de los principales desafíos del próximo gobierno, si quiere bajar la inflación, es evitar que el gasto previsional no desestabilice las cuentas públicas.
Los cálculos del Ministerio de Economía confirman que para bajar el gasto público en un 1% del PBI y la inflación al 70% anual habría que ajustar el resto de las partidas presupuestarias en 1,4% del PBI para compensar la suba del gasto previsional. Para ello, el Presupuesto 2024 plantea un ajuste del gasto en personal de 0,8% del PBI”, revela el informe.
Una estrategia alternativa es que el próximo gobierno cristalice la licuación de jubilaciones que hizo el actual gobierno, cambiando la fórmula de movilidad. La aceleración de la inflación, que comenzó en el 2018, produjo una caída del 45% en términos reales del haber promedio y del 25% en los haberes mínimos reforzados con los bonos, comparando diciembre 2017 con noviembre 2022. Se trata de una enorme licuación de haberes jubilatorios que muestra que el descalabro fiscal es mucho peor de lo que las cuentas oficiales muestran. Querer manipular la movilidad para mantener esta licuación en el futuro, además de ser ética y socialmente reprochable, es fiscalmente inconsistente ya que genera el terreno fértil para una nueva ola de juicios previsionales. Hay que aceptar que manipular la movilidad para mantener la licuación no es un ahorro, sino un alivio transitorio financiado con deuda previsional que la contabilidad pública no registra como tal, sostiene el estudio.
Hoy el haber mínimo se ubica 5% por debajo de la Canasta Básica para apenas un adulto según la medición del INDEC en agosto ($92.131,70). Desde diciembre de 2019, el haber mínimo acumula un incremento del 522%; claramente por debajo del aumento de la Canasta Básica Total (631%), del IPC general (621%), del rubro de Alimentos y Bebidas (692%) y también del rubro de Medicamentos (591%). Y muy por debajo del tipo de cambio (más del 900%).
La situación antes descripta es representativa de cada vez más jubilados y pensionados. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del total de beneficios (jubilaciones y pensiones) otorgados por la ANSES (6.805.374), el 62% -4,2 millones- están en una mínima o menos. De ahí que el gobierno busque compensar parcialmente la merma con refuerzos y bonos.
La caída en términos reales de los gastos en jubilaciones y pensiones explica la mayor parte del ajuste fiscal del gobierno, ya que el rubro de jubilaciones y pensiones explica 36% del gasto primario total en lo que va del 2023.
Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, dijo que “Argentina tiene una deuda con la primera infancia y con sus adultos mayores. En ambos casos las políticas públicas no han dado buenos resultados; la pobreza infantil supera el 50% y casi dos tercios de los jubilados vive con apenas poco más de 100 dólares al mes”. Además, Marí agregó que “el modelo económico actual está agotado y requiere un giro copernicano. Es necesaria una reforma previsional que mejore los incentivos al ahorro para la vejez.
Pero también una reforma laboral que incentive la formalidad y, por consiguiente, mejora la sustentabilidad del sistema previsional. Hoy en Argentina más de 40% de los trabajadores son informales, lo que luego propicia la implementación de moratorias para dar algún tipo de ingresos a estos trabajadores que no aportaron. Hacer la reforma previsional sin la laboral es llanamente inconsistente”.
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