El Frente de Todos (FdT) consiguió ayer aprobar en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El FdT sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones; en tanto que Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.
Además, debido a la metodología de resolución, la Coalición Cívica (CC) tuvo que aclarar que estaba de acuerdo con el juicio político a Lorenzetti, motorizado con un proyecto propio, aunque debió confluir en el dictamen general de rechazo.
La reunión de la comisión se inició poco antes de las 11.30 y tras las exposiciones de las tres propuestas de dictamen se acordó someter el tema a votación a las 15, para luego continuar con los discursos de otros diputados.
Los representantes del bloque del FdT propusieron en la resolución que finalmente se impuso admitir proceso a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los 14 expedientes que se tramitan en la comisión.
En el escrito de 12 páginas leído por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), se enumeraron los 14 expedientes que “solicitan el juicio político respecto de los ministros de la Corte, ya sea en forma individual o concurrente por las causales de mal desempeño y/o la eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.
“Los 14 pedidos promovidos acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales”, apunta el texto.
El escrito indica también que “el tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicano y democrático”.
A continuación, el interbloque JxC presentó su propuesta de inadmisibilidad en la que señaló que “el mal desempeño o la mala conducta no requieren de comisión de un delito sino que, para separar a un magistrado, solo basta la demostración de que no se encuentra en condiciones de desempeñar el cargo en las circunstancias que los poderes públicos lo exigen, no es necesaria la conducta criminal, es suficiente con que el imputado sea un mal juez”.
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