La Comisión de Juicio Político de Diputados comenzó este jueves con el tratamiento de más de una docena de pedidos de enjuiciamiento contra la Corte Suprema, que forma parte de la embestida que el Gobierno lanzó contra el Poder Judicial y que promete jornadas de alto voltaje en el Congreso.
Tal como estaba previsto, el oficialismo reunió el quorum con sus 16 representantes, incluyendo los massistas Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez. Luego ingresaron los diputados de Juntos por el Cambio y Alejandro “Topo” Rodríguez, el representante del peronismo federal en la comisión. También estuvieron como observadores Myriam Bregman y Nicolás del Caño, ambos del Frente de Izquierda.
Todo parecía que iba a ser una formalidad de lectura de expedientes y definición de fechas. Pero cuando Carolina Gaillard, la presidenta de la comisión, abrió el debate pasadas las 11, con la lectura de los pedidos de juicio político a Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, pareció como el campanazo inicial de una larga pelea.
Hacia adelante, el combate ya tiene agendado otros dos capítulos más: el 2 de febrero, cuando los integrantes de la comisión recibirán a los autores de los proyectos (varios de ellos ultra K); y, el 9 de febrero, cuando se analizará el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas es factible avanzar con el proceso.
En el primer round de este jueves, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, dio el primer golpe, al pedir que se tenga en cuenta a los invitados por la oposición. Después, precisó que entre los citados por JxC estarán los ministros Sergio Massa y Eduardo “Wado” de Pedro. Buscan enredarlos por haber participado del proceso de negociación previo al fallo por la coparticipación porteña, uno de los puntos sensibles del juicio. Y, en el caso del ministro de Economía, por avalar una propuesta para pagar con bonos, lo que implicaba una manera de acatar la decisión judicial.
Germán Martínez, titular del bloque oficialista, buscó cerrar la puerta a la discusión y respondió que la comisión “está en función de la etapa de prueba” y los invitados se definirán “en una segunda etapa, una vez abiertos los sumarios”.
Martínez también rechazó la posibilidad de que se conforme una subcomisión para determinar la admisibilidad de los expedientes, como propuso el larretista Alvaro González (PRO). Está claro que el oficialismo define las condiciones, ya que cuenta con el número necesario para firmar el dictamen, aunque tiene casi nula posibilidad de avanzar en el recinto, porque no cuenta con la mayoría de dos tercios que se precisa.
La discusión empezó a calentarse más cuando Omar De Marchi (PRO) responsabilizó a Alberto Fernández por el avance del oficialismo contra el Poder Judicial. “Esta puesta en escena que nos ofrece el presidente, que es el principal impulsor de este circo que montan a diario, tiene varios objetivos: no hablar de los problemas importantes del país y la agenda del Gobierno de intervenir, meterse y manipular la justicia en la Argentina”, dijo.
“¿Ustedes se creen que este Poder Judicial les va a responder en algún momento?”, retrucó la camporista Marisa Uceda desde la vereda de enfrente. “Es al revés, no sean empleados de un poder oscuro”, completó.
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