El Gobierno Nacional informó que el presidente Alberto Fernández y 12 gobernadores acordaron impulsar conjuntamente el juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “mal desempeño en sus funciones”, y a los restantes integrantes del alto tribunal por “algunos hechos con distintos grados de responsabilidad”. Además, con ese propósito decidieron solicitar al bloque de diputados del Frente de Todos el apoyo e impulso del proyecto para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación, informó la presidencia de la Nación en un comunicado firmado por 12 gobernadores provinciales.
El Gobierno, a través de la oficina de la portavoz presidencial, emitió un comunicado en el que indicó que la decisión se adoptó en el marco de una reunión de más de dos horas que encabezó el Jefe de Estado en la Casa Rosada con los mandatarios provinciales.
El comunicado lleva la firma de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santa Cruz, Alicia Kirchner; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Uno de los voceros luego del encuentro fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, quien explicó a la prensa que la firma del pedido de juicio político se realiza “en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño en las funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Aunque durante varios días se había sostenido que el pedido de juicio político sería solo contra el titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti (además titular del Consejo de la Magistratura), ahora se señaló que el proceso será también contra el resto de los integrantes: Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
El gobernador chaqueño dijo que en el documento -el cual enviarán desde el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados- se expondrá “una multiplicidad de hechos” supuestamente irregulares atribuidos al máximo tribunal. Detalló que van desde “la violación de la Ley de Ética Pública” hasta el mal desempeño “a partir de decisiones que tienen que ver con la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080”, que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.
A estos hechos se suma la medida cautelar en favor de la ciudad de Buenos Aires que, según Capitanich, habla de “manifiesta parcialidad” en favor de un sector partidario, en alusión a la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC).
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