El presidente Alberto Fernández dio marcha atrás y adelantó que le transferirá a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la cautelar de la Corte Suprema. El pago será realizado con bonos TX31, según anticipó el jefe de Estado en un extenso hilo de tuits, y abarcará los fondos correspondientes a 90 días de vigencia de la medida cautelar.
“Instruí a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán los bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, anunció el jefe de Estado.
“Dicha transferencia comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”, agregó.
El mandatario recordó que los bonos TX31 ya fueron aceptados por el máximo tribunal en una demanda por coparticipación promovida por la provincia de Santa Fe.
Los TX31 son bonos del Tesoro en pesos que pagan 2,5% por sobre el ajuste del índice CER. Son títulos que nunca fueron licitados y efectivamente fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti.
En sus posteos, el Presidente confirmó la estrategia judicial anunciada la semana pasada: instruyó al procurador Carlos Zaninni para que presente un recursos de revocatoria in extremis contra la decisión judicial tomada. A par, ordenó recusar a los cuatro integrantes de la Corte que firmaron la resolución la semana pasada.
No obstante, Fernández marcó un cambio con respecto a lo que se había informado la semana pasada y resaltó: “Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”.
El jefe de Estado instruyó además al ministro de Economía, Sergio Massa, a enviar un proyecto al Congreso que se debatirá en sesiones extraordinarias para que se prevean en el Presupuesto los recursos necesarios para hacer cumplir el fallo judicial.
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