La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó ayer tomarle juramento a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección y acusación de jueces nacionales y federales. Se trata de los representantes académicos, del Poder Ejecutivo, de los jueces y de los abogados que están electos. No así a los del Congreso de la Nación ya que el Poder Legislativo todavía no los designó y está abierta la polémica por un lugar del Senado tras el fallo del máximo tribunal por el caso del senador kirchnerista Martín Doñate.
Con la firma de sus cuatro integrantes, el máximo tribunal dispuso se tome el juramento a 11 consejeros. Se trata de Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo; los jueces Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Alejandra Provítola; los abogados Miguel Piedecasas, Jimena de la Torre, Héctor Recalde y María Fernanda Vázquez; y los representantes académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit. Son parte de los representantes para el período del Consejo 2022-2026 y el máximo tribunal todavía no fijó la fecha de jura. Con los representantes de los académicos la Corte hizo una salvedad. Explicó que le toma juramento “sin perjuicio de lo que pudiera decidirse” en una causa que está en el máximo tribunal en la que se reclama por la forma en la que se decidió la designación de esos representantes a través de un colegio electoral.
El Consejo está integrado por 20 miembros y desde abril es presidido por el titular de la Corte Suprema. A los consejeros que jurarán restan los ocho representantes del Congreso: cuatro diputados y cuatro senadores. Ni Cristina Fernández, como titular del Senado, ni Cecilia Moreau, al frente de Diputados todavía enviaron los nombres. En el caso del Senado eso está bajo polémica.
La Corte Suprema dispuso la semana pasada la exclusión del Consejo del senador Doñate, porque consideró que fue nombrado bajo un ardid avalado por Cristina Kirchner de separar el bloque oficialista en dos para quedarse con la segunda minoría cuando le correspondía al PRO. “La realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo, recibe un enfático reproche en múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política, aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático”, se advirtió.
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