Se termina el “veranito”del Plan Massa al calor del conflicto social

El aumento del conflicto social y las sutiles críticas que el kirchnerismo comienza a hacer hacia un ajuste fiscal que aún no logra calmar la inercia inflacionaria parecen indicar que el “veranito” que trajo la llegada de Sergio Massa al Gobierno está llegando a su fin. Ni el récord de US$ 8 mil millones liquidados por el campo en un mes gracias al denominado “dólar soja” ha logrado despejar la incertidumbre cambiaria y, por el contrario, se espera un endurecimiento del cepo para evitar que esos fondos se evaporen a causa de una balanza comercial deficitaria.

El ministro de Economía presentó como un éxito el esquema cambiario acordado con los acopiadores de granos y las cerealeras que, en verdad, permitió al país sortear el precipicio que hubiera significado quedarse sin reservas en el Banco Central. Aunque la cuenta energética está disminuyendo conforme la menor demanda de importación de barcos de GNL, los últimos datos del Indec dan cuenta que las exportaciones no logran cubrir los costos de las compras al exterior.

Con altos precios de materias primas y un récord de exportaciones por US$ 100 mil millones para 2022, queda de manifiesto que las inconsistencias macroeconómicas persisten y explican que Argentina no haya logrado aprovechar el nuevo boom de los commodities.

La persistente suba de tasas que ha dispuesto el Central ya empieza a mostrar efectos en el freno a la actividad. Si en el primer semestre del año la economía subió un 6%, se espera un fuerte retroceso en la última mitad de 2022.

Los datos de pobreza no llegaron a reflejar la disparada inflacionaria del último trimestre –de hecho, dieron cuenta de una caída de casi un punto durante los primeros seis meses- pero si expusieron un aumento en la cantidad de indigentes. Ese dato fue el disparador de la ambigua crítica de Cristina Kirchner contra el trazado económico del líder del Frente Renovador.

Si bien demandó un ingreso contra la indigencia, en Economía piensan en anunciar el pago de un bono, una mejora transitoria, que difícilmente logre revertir la ecuación de los más desposeídos.

Pese a que el massismo atribuyeron los reclamos cristinistas contra las subas especulativas de los empresarios a la necesidad de dar un mensaje a su propio electorado, la cuestión de fondo no parece haber sido resuelta. En el kirchnerismo no avalan que el ajuste fiscal y los gestos hacia el mercado alcancen para mejorar la economía real.

El conflicto sindical de los trabajadores del neumático y la amenaza de Pablo Moyano para lograr una suba paritaria del 100% en Camioneros son emergentes de un fenómeno objetivo: estos niveles de inflación se vuelven intolerables para buena parte de la clase trabajadora y mucho más para los informales.

Nada hace pensar que haya una baja importante en este fenómeno de acá a fin de año: en octubre van a pesar las subas en naftas, prepagas, alquileres y educación. Si bien se pospuso una vez más la aplicación de la segmentación tarifaria en las boletas de luz –lo que explica, en otro sentido, la debilidad del plan económico- si se aplicarían los aumentos en los consumos de gas residencial.

Precios y salarios

La carrera de precios y salarios ya desatada y la dificultad del Gobierno para desindexar la economía hicieron reaparecer las versiones que Economía, a través del vice Gabriel Rubinstein, se encuentra diagramando un plan de estabilización para contener a la inflación. Ese tipo de programa, similar al Austral o la Convertibilidad, implican congelamientos y un nuevo nivel de ajuste.

Con la mirada actual, esto es, sin un desmadre de la crisis, resultaría difícil que sea aceptado por un kirchnerismo que mira de reojo las elecciones de 2023. Por lo pronto, las espadas de La Cámpora ya dejaron ver su malestar por el anexo al Presupuesto que anunció Massa el último miércoles que pone en debate la “Promoción industrial y fiscal” de distritos como Tierra del Fuego.

El kirchnerismo apuesta a retener la Provincia. Axel Kicillof aparece como “favorito” para recibir la bendición de Cristina para ir por un nuevo mandato. Hay inquietud, con todo, en los intendentes bonaerenses en cómo ordenar los distritos en medio de este complejo panorama.

El último lunes hubo un cónclave en Avellaneda de jefes distritales de la primera y tercera sección.

Alberto Descalzo (Ituzaingó) admitió que se reunieron para intentar consensuar un plan de trabajo conjunto, pero no ocultó su preocupación por los mayores costos en salarios municipales y en obras devenidos de la disparada inflacionaria y reclamó algún tipo de asistencia de “Nación o Provincia”.

También hay tensiones indisimulables entre algunos jefes comunales y el camporismo. Es el caso de “Juanchi” Zabaleta que analiza abandonar el ministerio de Desarrollo Social para regresar a Hurlingham donde quedó al mando del municipio el camporista Damián Celsi.

El otro funcionario “albertista” también tiene complicada la gestión por las presiones que recibe a diario de la agrupación kirchnerista y también del Movimiento Evita. En el oficialismo arriesgan que diciembre, “mes caliente” para la historia política reciente, podría traer nuevos cambios de gabinete.

Mientras, Alberto Fernández intenta recobrar protagonismo resistiendo la embestida de los gobernadores del PJ para suspender las PASO. Armó una cumbre con la CGT en Olivos con el objetivo de bajar línea política en defensa de las primarias y casi provoca un cisma en la central obrera ya que el sector de los “Gordos e Independientes” excluyó a Pablo Moyano de la cena.

Luego debió invitar al dirigente camionero que, con una comitiva de 12 dirigentes aliados, le presentó un listado de reclamos en sintonía con lo que hoy demanda el Instituto Patria: mayores controles de precios y sumas fijas para engrosar los bolsillos de los trabajadores.

Debate del presupuesto

El Congreso se apresta a debatir el presupuesto 2023. En el Gobierno ya hablan de “diferimiento” en el cronograma de obras públicas para no admitir que habrá un freno en ese rubro.

En varios ministerios ya se siente el ajuste fiscal: a un mes del atentado contra Cristina, en Seguridad advierten que el área de custodia Presidencial sufre recortes que afectan la reposición de suministros y las capacitaciones. Como ejemplo, en Policía Federal tuvieron que pedirle colaboración a la embajada norteamericana para poder costear la estadía de los efectivos destinados la protección de Marc Stanley en su periplo por Mendoza.