Alberto Ferández, junto al ministro Guzmán.
PARA COMBATIR LA INFLACIÓN

Fernández insiste en el control de precios estatal

Sostuvo que hay empresarios que "ganan demasiado" y "hacen padecer a la gente". "Pongamos un límite a su utilidad, vendiendo el producto a un precio acorde", indicó.

Tras el impacto de la inflación en los precios de los alimentos, el presidente Alberto Fernández aseguró que analiza la idea de la puesta en marcha de "una empresa testigo" del Estado que apunte a ordenar el mercado.

Además, celebró la intervención de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y sostuvo que el desplazamiento del juez Fabián Lorenzini del concurso de acreedores de la empresa Vicentin configurará un "escenario más favorable".

"Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor (...) Nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas. No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa (de estatizar) Vicentín la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina", afirmó el Presidente en una entrevista publicada por el diario Página 12. 

Asimismo, añadió: "En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown, yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de expropiemos empresas de cualquier modo, porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso".

Respecto a la actualidad de Vicentín, el mandatario subrayó que el Banco Nación es uno de los principales acreedores de la empresa, y "puede ser determinante" de la quiebra o la continuidad.

En la misma línea, prometió: "Si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible".

El 12 de junio de 2020, Fernández había anunciado la expropiación de Vicetín alegando que era "la única herramienta" viable, pero tan solo un mes después, el Gobierno derogó el decreto que disponía la intervención por 60 días de la empresa.

Sobre el cambio de idea, el mandatario argumentó que la expropiación conllevaba a la estatización de la deuda, y "podía obligar a los argentinos a pagar una deuda cuantiosa, que no era razonable".

Y a su parte, remarcó: "Estoy convencido de que lo que nosotros tenemos que garantizar es terminar con estos oligopolios, monopolios, y cuando estos sistemas existen, como el caso de las 7 u 8 cerealeras que existen en Argentina, si el Estado tuviera una cerealera que exporta, tendríamos posibilidades de intervención en favor del mercado, en favor de los argentinos. Pero eso no hay que hacerlo de cualquier modo".

Por otro lado, puntualizó en la suba de precios de los alimentos y el alza de la inflación, y aseguró que "el problema existe", y volvió a cuestionar a los empresarios al señalar que "son pocos los que se solidarizan".

"El Indec dice lo que dice, lo asumo y trabajo todos los días para resolver eso en un escenario de enorme complejidad y en un escenario interno donde son pocos los que solidariamente dicen: ´vamos a ayudar a arreglar las cosas´. Como peronista que soy, considero que nadie se realiza en una comunidad que no se realizan todos. Y ellos apuntan a lograr que la sociedad argentina no se realice", remarcó.

En la misma línea, sostuvo que hay empresarios que "ganan demasiado" y "hacen padecer a la gente". "Hay que buscar la manera de que todos nos comprometamos a implementar un mecanismo de excepción que nos permita sortear este momento", pidió. 

Y agregó: "El mecanismo tiene que ser buscar el consenso. Estamos en una guerra, ellos están ganando demasiado y eso le hace padecer a la gente. No pretendo que pierdan, pero pongamos un límite a su utilidad, vendiendo el producto a un precio acorde con que el consumidor final no pierda tanto".