En el marco de la causa que investiga una estructura utilizada para el presunto desvío de 535 millones de pesos, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó que se levante el secreto bancario y fiscal de Mayra Mendoza, como también de exfuncionarios de su municipio y de un grupo de cooperativas receptoras de los millonarios contratos bajo análisis. Además, se pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) un análisis patrimonial de la intendente de Quilmes.
Mendoza afronta dos expedientes por corrupción. Uno de ellos radicado en Comodoro Py, donde fue imputada por el fiscal Ramiro González, por presunta malversación de fondos públicos y negociaciones incompatibles con la función pública. También fueron acusados Sebastián Raspa, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.
En tanto, en la Justicia federal de Quilmes, la fiscal Silvia Cavallo impulsó la acción penal ante la denuncia periodística sobre la posible destrucción de documentación. En su dictamen, Cavallo solicitó que se investigue a la intendenta de Quilmes, al subsecretario de Hábitat de ese municipio, Roberto Raspa, a un abogado y a un empresario por el delito de defraudación, entre otros.
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