Los planes sociales generan un gran debate público en momentos en que los movimientos piqueteros exigen un Ministerio especial para esta problemática, al tiempo que anuncian una gran marcha federal de tres días para profundizar los reclamos de asistencia ante un gobierno que convive con indicadores de pobreza, indigencia e inflación de los más altos que se registran en los últimos 20 años.
Para hacer una radiografía de los reclamos que los movimientos piqueteros y sociales centran tanto en el presidente Alberto Fernández como en los ministros de Desarrollo Social Juan Zabaleta (Nación) y Andrés “Cuervo” Larroque (Provincia), los números oficiales del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales revelan que en Argentina coexisten 182 programas sociales que abarcan a unas 25 millones de personas.
Es decir, más de la mitad de los argentinos recibe algún tipo de ayuda por parte del Estado. Los datos del Gasto en Servicios Sociales muestran que el gasto corriente en 2021 fue de $7.151.504 miles de millones y en 2022 tiene aprobado $6.993.190 miles de millones. Vale recordar que el año pasado tuvo lugar el “plan platita”, en medio de la campaña electoral, según un informe que reveló la consultora Focus Market.
De ese estudio se desprende que de los 182 programas vigentes, el 46% corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que coordina 84 planes sociales, en donde la mayor partida presupuestaria lo tienen los programas de políticas alimentarias. Si se contemplan los datos de la Administración Pública Nacional, se puede observar que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación otorgó a más del 50% de las personas que habitan el suelo argentino alguna cobertura estatal en la pandemia.
En tanto, si se evalúan los datos del presupuesto nacional para este año, la partida servicios sociales es la que representó mayor gasto corriente; siendo así el ítem de Seguridad Social el que presenta unos $4.553.630,86 miles de millones. Por su parte, la estructura de estos programas se encuentra tan mal diseñada que no existen los incentivos suficientes para abandonar estos planes, según el informe. Por ejemplo, una trabajadora adulta embarazada puede recibir el plan potenciar de $16.500 sumado al bono extra que se recibió en abril de $6.000, además puede cobrar unos $9.000 como ayuda social por su embarazo, sumando así $31.500 mensuales. Ahora, en una familia con dos hijos, pueden llegar a recibir mensualmente $64.200 del Estado.
De esta manera, se puede a llegar a sumar dos salarios mínimos, pero aun así no lograrían superar los niveles de pobreza, según Iprofesional. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al cuarto trimestre de 2021, se tiene que el ingreso medio de un asalariado registrado es de $68.879. Mientras que un padre de familia que trabaja como asalariado informal gana en promedio $28.592, más las asistencias del Estado del Programa Potenciar Trabajo de $16.500 por cada padre, Tarjeta Alimentar de $18.000 por tres o más hijos menores de 14 años. Por lo tanto, indica un informe de IDESA, una familia con tres hijos que accede a planes sociales (solo posible sin tener trabajo o trabajando en la informalidad) obtiene aproximadamente $51.000 mensuales del Estado, un 25% menos que el salario medio que cobra una persona por trabajar en blanco ocho horas al día, y que generalmente debe contar con una calificación media o alta para acceder a ese empleo formal.
Para Damián Di Pace, director de Focus Market, los especialistas en temas fiscales se refieren a los planes sociales no solo como el rostro de la pobreza en el país, sino también como la forma perfecta de ocultar problemas de desempleo, “desvío de los ingreso públicos” y un constante presión impositiva en ascenso al sector privado para financiarlos. Hace más de dos décadas que los planes sociales se incrementaron exponencialmente.
“Nuestro país siempre que presenta una dificultad ya sea social o económica, recurre a los planes sociales como puerta de escape”, explica el especialista. Los datos del Gasto en Servicios Sociales, que comprenden todas las partidas del presupuesto que se ejecutaron efectivamente, muestran que el gasto corriente (en miles millones de pesos) hasta el momento tuvo un crecimiento exponencial y sostenido.
La dicotomía interna de gestión refleja que por un lado está el compromiso con el FMI en reducir el déficit fiscal pero por el otro lado este mismo organismo avala que se otorgue ayuda estatal al sector más vulnerable. De los 182 programas vigentes, el 46% corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Coordina 84 planes sociales, en donde la mayor partida presupuestaria lo tienen los programas de políticas alimentarias como la Tarjeta Alimentar. Por su parte, el Ministerio de Salud, es el que tiene el 14% de los planes sociales, uno de ellos es el Programa Nacional de Salud Familiar y Comunitaria.
El Ministerio de Trabajo, se lleva el 9% de la totalidad de los planes, en donde la mayor partida corresponde al Programa Potenciar Trabajo que además de tener un 1 millón de beneficiarios, tuvo 2 millones de inscriptos potenciales. El Ministerio de las Mujeres con ayudas estatales como el Programa Nacional “Generar”, Programa Escuelas Populares de Formación en género y diversidad “Macachas y remedios”, entre otros 10 más, se lleva un 6% de todos los planes del estado.
Un 5% corresponde al Ministerio de transporte con programas como el Plan Estratégico para la incorporación de la Perspectiva de Género 2020-2023, un 3% a la Agencia Nacional de Discapacidad (con programas como el Programa Federal Incluir Salud), otro 3% pertenece al Anses con las ya conocidas Asignaciones familiares, AUH, Jubilaciones y pensiones no contributivas. Le corresponde un 2% al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto con políticas como el Programa de Operativos Socio sanitarios: Barrio Unido, entre otros.
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