El 26 de abril era la fecha límite que tenían el Gobierno nacional y su par de la Ciudad de Buenos Aires para llegar a un acuerdo por los montos del traspaso de la seguridad. Así lo había fijado la Corte Suprema de Justicia en una audiencia convocada el 10 de marzo, que motivó una serie de cinco encuentros consecutivos entre ambas partes sin ningún avance significativo.
Así, cumplidos los plazos, el máximo tribunal decidió habilitar esta mañana un plazo de 15 días, hasta el 11 de mayo incluido, para que representantes de ambas administraciones sigan negociando en pos de alcanzar un consenso que hoy parece difícil de lograr. En caso de no lograrse un acercamiento, estará en condiciones de definir sobre una demanda que inició el Gobierno porteño y que contempla un reclamo que, por todo concepto, supera los $200.000 millones, teniendo en cuenta la deuda por coparticipación de Nación entre 2020 y 2021 y la que se sumará este año.
La Ciudad exige el pago de una deuda de Nación de $98.000 millones entre 2020 y 2021, cuando el Gobierno decidió quitarle recursos por coparticipación al gobierno porteño para asignárselos al bonaerense. Para 2022, esa cifra, creen fuentes de la Ciudad, se extenderá y representará otros $120.000 millones. Ante la decisión de Nación de quitarle más de dos puntos de coparticipación, el Gobierno porteño recurrió a la Corte, primero mediante un amparo y luego por una demanda de fondo, sobre la que deben resolver los jueces. Los encuentros que vienen dándose entre Nación y Ciudad están siendo infructuosos. En cada una de las reuniones previas, se promovieron propuestas que finalmente fueron declinadas. Sí hubo, en cambio, un acuerdo parcial respecto al mecanismo de pago y a cómo se efectuará.
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