No hubo acuerdo nuevamente en el quinto encuentro consecutivo que mantuvieron autoridades del Gobierno nacional y el porteño por el reparto de fondos de seguridad. En el nuevo mano a mano hubo dos propuestas sobre la mesa para definir los montos del traspaso, pero ninguna convenció a la otra parte.
Por lo tanto, solo se consensuó pedir una prórroga a la Corte Suprema de Justicia de 15 días hábiles, hasta el 11 de mayo, en el marco de la discusión que se tramita en el máximo tribunal por la quita de coparticipación definida por Nación a Ciudad en septiembre de 2020.
Del encuentro, en Casa Rosada, participaron por el gobierno de la Ciudad el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, el ministro de Economía, Martín Mura, y el ministro de Seguridad y Justicia Marcelo D’Alessandro. Por Interior, en tanto, estuvieron presentes Silvia Batakis, secretaria de Provincias, y Marcos Schiavi, funcionario del ministerio que lidera Eduardo de Pedro.
Luego de discutir durante más de una hora sobre los montos que se deben pagar, rechazándose las dos propuestas que surgieron de ambas partes, se decidió avanzar en el pedido de una prórroga a la Corte por 15 días más, para ver si se puede zanjar la discusión sin volver a la vía judicial. El plazo que estiman fuentes porteñas es el 11 de mayo. El actual período de negociación que estableció la Corte vence el 26 de abril, es decir, el próximo martes.
La Ciudad reclama una deuda de Nación de $98.000 millones entre 2020 y 2021, cuando el Gobierno decidió quitarle recursos por coparticipación al gobierno porteño para asignárselos al bonaerense. Para 2022, esa cifra, creen fuentes de la Ciudad, se extenderá y representará otros $ 120.000 millones.
Ante la decisión de Nación de quitarle más de dos puntos de coparticipación, el Gobierno porteño recurrió a la Corte, primero mediante un amparo y luego por una demanda de fondo, sobre la que deben resolver los jueces. El máximo tribunal, el último 10 de marzo, pidió en una audiencia entre las partes que lleguen a un acuerdo político. De no lograrlo, terminará resolviendo la Justicia.
Los encuentros que vienen dándose entre Nación y Ciudad están siendo infructuosos. En cada una de las reuniones previas, se promovieron propuestas que finalmente fueron declinadas. Sí hubo, en cambio, un acuerdo parcial respecto al mecanismo de pago y a cómo se efectuará.
Como confirmó Clarín a principios de mes, el nuevo mecanismo de envío de recursos quedaría por fuera del sistema de coparticipación. Desde el último año, el Gobierno nacional viene pagando un canon fijo de alrededor de $2.000 millones por mes, un global de $24.500 millones. La actualización de esos montos es uno de los puntos centrales a resolver. La Ciudad pretende que se actualicen por inflación y que la forma de transferencia sea similar al goteo diario de recursos que reciben las provincias por coparticipación.
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