El Gobierno aseguró que cumplió las primeras metas trimestrales que acordó con el Fondo Monetario Internacional y que, por esa razón, pasará la primera evaluación cuando el staff del organismo audite los compromisos previstos para déficit primario, emisión monetaria y reservas. Con ese cumplimiento, el Poder Ejecutivo quedaría habilitado a recibir un segundo desembolso que rondará los USD 4.150 millones.
Ese margen de maniobra que consiguió el Ministerio de Economía con la meta fiscal -la cifra final oficial se conocerá esta semana- por un nivel de recaudación superior al previsto, le permitirá al Gobierno financiar los bonos excepcionales que pagará en mayo y junio a empleados informales, monotributistas A y B y trabajadoras de casas particulares y solo en mayo para jubilados.
Según anticipó el ministro de Economía Martín Guzmán antes de iniciar su viaje a Washington para participar de la reunión de primavera del FMI y el Banco Mundial, hacia fines del primer trimestre el resultado de las cuentas públicas registró un déficit primario equivalente a 0,25% del Producto Bruto. En términos nominales implicaría, utilizando como referencia las cifras de cada meta trimestral prevista en el memorando de entendimiento, unos $175.000 millones.
El primer objetivo exigible por parte del Fondo para el sendero fiscal era de $222.300 millones, poco más de 0,30% del PBI. De esta forma, Hacienda habría sobrecumplido por poco menos de $50.000 millones. No es una cifra suficiente, de todas formas, para cubrir el nuevo gasto que implica los bonos anunciados este lunes por la aceleración inflacionaria.
Desde el Poder Ejecutivo hicieron circular algunas estimaciones variables sobre el costo fiscal total que tendrá la medida, de entre $200.000 y $240.000 millones. Para algunas consultoras insumiría, a priori, un gasto menor.
“Dependiendo de los requisitos que se decida imponer sobre el universo de potenciales beneficiarios, el gasto extra que implican estas nuevas transferencias sin contraprestación (subsidios) oscila entre $176.000 millones y $235.000 millones. Expresado como porcentaje del PBI es entre 0,25% y 0,33% del producto estimado para 2022", publicó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
En un sentido similar, para PxQ, la consultora fundada por Emmanuel Álvarez Agis, “tomando el conjunto de los universos abarcados, el costo total de la medida ascendería a unos $170.000 millones, que equivalen a 0,23% del PBI”, consideró.
“La medida busca recomponer los ingresos en la base de la pirámide en un marco en que la inflación acumuló 16% en el primer trimestre del año versus el 12,3% de actualización de jubilaciones por el efecto de la fórmula de ajuste (sin computar bonos). Debe tomarse en cuenta que previo a la aceleración de la inflación y el impacto de la guerra, los ingresos de los trabajadores no registrados marcaban en enero una caída de 6,6% anual en términos reales”, estimó.
De acuerdo a fuentes oficiales, además de la recaudación más elevada de lo previsto, los nuevos bonos serán fondeados con reasignaciones de partidas presupuestarias, para evitar que la medida implique un incremento en los niveles de emisión monetaria, que también tienen un corset en el marco del acuerdo con el FMI. El Poder Ejecutivo aún no realizó la readaptación del presupuesto vigente -que es el de 2021- a los lineamientos del programa económico consensuado con el organismo, para lo cual tenía como fecha prevista el 15 de abril.
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