Los días 10, 11 y 12 de mayo se realizarán las audiencias públicas correspondientes para la actualización de las tarifas de los servicios de Gas y Electricidad por redes, y la correspondiente a la segmentación de subsidios, de acuerdo con la convocatoria de la Secretaría de Energía dada a conocer ayer.
El nuevo esquema se regirá por el principio de gradualidad, se precisó desde la Secretaría, al señalar que la totalidad de los beneficiarios de tarifa social de Gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para aquellos usuarios de Electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.
Por su parte, el 10% de usuarios residenciales de los servicios de gas y de electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la energía.
De tal forma, para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17%.
Por su lado esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios de Gas del país se ubicará en 21,5%, con leves variaciones según las regiones.
Acuerdo con el FMI
La implementación de un esquema tarifario de servicios de gas y electricidad para el bienio 2022/2023 que, con "criterios de justicia y equidad distributiva", incluya la política de segmentación y no supere el nivel de los salarios forma parte del programa acordado por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Ayer, a través de las resoluciones 235, 236 y 237/2022, la cartera a cargo de Darío Martínez estableció la convocatoria a las audiencias públicas que pondrán a consideración de los usuarios estos mecanismos y actualizaciones tarifarias.
Los mismos contemplarán especialmente la situación de los "sectores vulnerables y de menor capacidad de pago", dentro de los márgenes allí definidos y que se regirá por el principio de "gradualidad", resaltaron desde la Secretaría de Energía.
De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el Gobierno nacional en el programa económico, que apunta a lograr "niveles de tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con criterios de justicia y equidad distributiva" para los servicios públicos de gas y electricidad.
Este proceso se regirá según criterios y directrices de "gradualidad y proporcionalidad" establecidos en la Constitución Nacional, destacaron.
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