La Unidad de Información Financiera (UIF), que vigila el combate contra el lavado de dinero, dispuso que controlará la información patrimonial de los dueños de los vehículos automotores con un valor superior a los 5 millones de pesos.
Así lo indicó que la resolución 51/2022 publicada ayer en el Boletín Oficial. La normativa alcanza a los “clientes que realicen las operaciones a que se refiere el artículo 2° de la presente sobre Automotores por un monto anual que alcance o supere la suma $5.738.075”.
La medida involucra a los autos importados de alta gama, pero también a otros de rangos más bajos. Al valor libre, 5,7 millones de pesos son poco más de 28.000 dólares. El SUV Taos de Volkswagen, que se fabrica en el país, está alcanzado por la medida. Varias camionetas usadas en el campo superan esa valuación, como configuraciones de la S10 (Chevrolet), Amarok (VW), Hilux (Toyota), Toro (Fiat), Frontier (Nissan) y Ranger y F100 (Ford); y utilitarios, entre otros.
En este caso, “los Sujetos Obligados deberán definir un perfil del cliente, que estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria (declaraciones juradas de impuestos; copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos).
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