El oficialismo en el Senado intentará aprobar esta semana el proyecto de ley que busca modificar el funcionamiento y la integración del Consejo de la Magistratura, luego de un acuerdo que arribó con bloques provinciales para dar “mayor federalismo al organismo y otorgar mayor igualdad de género”.
La presidenta de la comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, explicó que el Frente de Todos (FdT) aceptó los cambios propuestos porque consideraron que “claramente enriquecía el proyecto y lo hacia más federal”. Sin embargo, ayer el exministro de Economía Roberto Lavagna pateó el tablero y a través de Twitter dejó un mensaje que podría complicar las intenciones del Frente de Todos de que salga aprobado desde el Congreso la reforma del Consejo de la Magistratura con el proyecto oficial que aparta a la Corte Suprema de su conformación.
En ese sentido, el excandidato a presidente consideró que el presidente del máximo tribunal debe presidir ese organismo. De todos modos, creen que el oficialismo tiene los números en la Cámara alta para avanzar en la iniciativa que impulsa la vicepresidenta Cristina Kirchner. La dificultad la tendrá en la otra Cámara, Diputados, ya que los legisladores lavagnistas y los del gobernador cordobés, Juan Schiaretti, son claves para sancionarla. “En la Argentina no hay cuatro poderes constitucionales, sino tres. Cada uno de ellos debe ser respetado en su independencia y competencias.
El Consejo de la Magistratura pertenece al área judicial y es natural que sea presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo el exministro en Twitter. La carrera es contrarreloj para el oficialismo. Es que en el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la actual composición del Consejo se determina un plazo de 120 días para dictar una nueva ley y ese rango temporal culmina el próximo 15 de abril.
La propuesta legislativa del Gobierno eleva a 17 los integrantes de la Magistratura -que ahora tiene 13, pero aparta otra vez al máximo tribunal de este organismo, igual que en la ley ideada por Cristina y sancionada en 2006, que fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema el pasado diciembre. Si no hay una nueva ley deberá asumir la conducción del Consejo el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y también siete consejeros más en representación del Congreso y de los académicos, entre otros.
SEPARAR A LA CORTE
La senadora del FdT por Mendoza, Sagasti, explicó que la posición del oficialismo tiene que ver con separar a la Corte Suprema de la conducción del Consejo de la Magistratura porque “los jueces tienen que dedicarse a impartir justicia y el consejo debe administrar la Justicia y la disciplina”. “La semana que viene (por la que comenzó) vamos a sesionar y espero que luego la Cámara de Diputados pueda hacerlo más rápidamente” para la aprobación de la norma antes del plazo fijado por la Corte, añadió.
La senadora cuestionó no obstante al máximo tribunal por su fallo que -dijo- “intenta poner en vigencia una ley que no está en vigencia desde hace 16 años”, y consideró que “el conflicto es con el Congreso, no con el Poder Ejecutivo”. Para Sagasti, “es inaudito el conflicto de poderes que ha planteado la Corte en ese fallo”. Un plenario de comisiones emitió dictamen favorable a una iniciativa unificada entre el FdT y los senadores de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilnek, y del Frente de la Concordia, Magdalena Solari Quintana.
Al entendimiento se arribó luego de que el oficialismo debiera suspender la sesión prevista para la semana pasada porque no tenía los votos suficientes para aprobar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre del año pasado. La administración de Alberto Fernández busca aprobar la ley antes del plazo, este mes, puesto por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional a la actual composición del Consejo de la Magistratura y pidió una nueva norma antes de esa fecha.
El dictamen de mayoría fue firmado por el oficialismo y sus aliados, mientras que que Juntos por el Cambio (JxC) presentó su propio despacho, en el que propone que sea el presidente de la Corte quien conduzca el Consejo de la Magistratura. Weretilnek aceptó dejar de lado a la Corte, que figuraba en el artículo 1 de su iniciativa, en coincidencia con el FdT, a cambio de que se introduzcan los cambios que le otorgan mayor federalismo a la integración del Consejo.
En esa estructura más federal del Consejo de la Magistratura, se mantiene -en caso de aprobarse la norma esta semana- al representante del Poder Ejecutivo, que será designado alternativamente entre un varón y una mujer, por el período de un año en cada caso. Para la elección de consejeros de la Magistratura representantes de los jueces y de los abogados, las listas deberán conformarse con un integrante de cada región y su respectivo suplente. Al efecto se establecen las regiones federales AMBA, Norte, Centro y Sur.
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