En las próximas dos semanas tendrá lugar el primero de una larga lista de compromisos “laterales” asumidos por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional en el programa económico: “adaptar” el presupuesto que quedó vigente tras el rechazo del Congreso al proyecto de ingresos y gastos para 2022 a las nuevas condiciones macro establecidas en el acuerdo.
Para eso, el Poder Ejecutivo buscará modificar por la vía administrativa el presupuesto 2021 prorrogado para este año y evitará así tener que discutir en el parlamento un nuevo proyecto. El rechazo de la ley de leyes, en diciembre pasado, fue un golpe duro a la hoja de ruta que se había planteado el ministro de Economía Martín Guzmán en la hoja de ruta de la negociación con el FMI.
El paso a paso de las negociaciones —que por entonces todavía tenían carácter técnico— implicaba que el Gobierno nacional debía tener aprobado en el Congreso el presupuesto 2022 como una de las “acciones previas” a la concreción de un entendimiento técnico. El “bochazo” sobre la hora que tuvo el proyecto oficial trastocó el plan original. Guzmán salió a decir incluso, horas después, que no podría diseñarse un nuevo presupuesto con variables actualizadas porque llevaría meses de elaboración.
Resulta que una de las críticas más repetidas en la oposición a esa iniciativa rechazada era que los supuestos macroeconómicos explicitados en ese proyecto habían quedado vetustos. Como referencia, se planteaba un horizonte de inflación para 2022 de 33% anual y de poco más de 40% para 2021. La aceleración de precios de la última parte del año hizo terminar el IPC anual en casi 51% y el propio programa con el FMI terminó por convalidar un arco de inflación de entre 38 y 48%, una proyección que también ya quedó atrasada.
Habrá dos modalidades por las cuales el Gobierno pueda cristalizar esa adaptación del presupuesto vigente del 2021 al nuevo programa con el FMI. “Las adecuaciones pueden hacerse o por decisión administrativa o resolución; en ese caso no se comunican al Congreso. Cuando se hacen por decreto de necesidad y urgencia, sí se comunica al Congreso”, detallaron desde un despacho oficial.
De acuerdo a la hoja de ruta prevista con el FMI, esa adecuación podrá hacerse con tiempo límite hasta el 15 de abril próximo. Ahora bien, ¿qué implica una “readecuación” presupuestaria como la que llevaría adelante el Gobierno?
Según la definición que ofrece la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), “las modificaciones presupuestarias son variaciones que experimentan los créditos presupuestarios originalmente aprobados a nivel de las diferentes categorías programáticas, de acuerdo a las normas legales vigentes. Se originan por varios motivos entre los cuales pueden mencionarse las sobreestimaciones o subestimaciones de dichos créditos, incorporación, reducción o eliminación de categorías programáticas y cambios no previstos en la proyección de los ingresos”.
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