El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este viernes el nuevo acuerdo con la Argentina por 44.000 millones de dólares, brindando un poco de oxígeno financiero al país y cerrando una larga negociación de más de dos años que culminó el proceso de reestructuración de la deuda externa que encaró el Gobierno de Alberto Fernández, pero a la vez fuertes dejó fuertes advertencias sobre los riesgos “excepcionalmente altos” del plan económico y la fragilidad del respaldo político, y remarcó la necesidad de implementar más reformas en la economía.
El directorio ejecutivo del FMI aprobó un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según sus siglas en inglés) para la Argentina, que le permitirá al país obtener una nueva línea de financiamiento de “acceso excepcional” casi cuatro años después del crédito que recibió bajo condiciones similares el Gobierno de Mauricio Macri por 50.000 millones de dólares, el más grande en la historia del organismo, que luego fue ampliado.
Luego de la aprobación del board, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo en un comunicado que el programa enfrenta riesgos “excepcionalmente altos”, incluido el impacto de la guerra en Ucrania, y no descartó una “recalibración temprana” del plan. Pese a esas advertencias, Georgieva insistió en que el nuevo acuerdo fija objetivos “realistas” para comenzar a abordar los problemas del país.
“Un fuerte consenso político y social es clave para sostener la implementación de la agenda de reformas, incluso a mediano plazo, lo cual es esencial para abordar las vulnerabilidades de larga data del país”, remarcó Georgieva.
Los directores del board, controlado por las potencias del G7, dieron un nuevo aval a un programa de la Argentina, pero ofrecieron una punta de reparos. Los directores también apuntaron que el programa enfrenta riesgos “excepcionalmente altos”, y “reconocieron la vulnerabilidad de la Argentina a los shocks externos y las dificultades de implementación dada la compleja situación social y política”, indicó el comunicado el Fondo.
Los directores pidieron además mejoras en la estructura del gasto, incluida la reducción de los subsidios energéticos y pidieron “reformas estructurales que aborden las vulnerabilidades estructurales de larga data de la Argentina”. Además, los directores destacaron la necesidad de fortalecer el clima de inversión “eliminando gradualmente las distorsiones económicas y brindando un marco regulatorio más predecible, incluso en sectores estratégicos”.
Y coincidieron en que, más allá del período que cubre el programa, “se requerirán más esfuerzos para cimentar la estabilidad y abordar los desafíos estructurales” de la economía, y remarcaron que la Argentina debe fortalecer aún más la sostenibilidad de la deuda, reforzar el balance del Banco Central y su carta orgánica, y abordar “las barreras regulatorias a la productividad, la inversión y el empleo formal”.
Los fondos frescos que aportará el nuevo programa se utilizarán para reforzar el presupuesto y las reservas —el Fondo ya concretó el primer giro por casi 9.700 millones de dólares— y afrontar los vencimientos del préstamo macrista. El período de repago es de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio, lo que implica que la Argentina comenzará a pagar el nuevo crédito partir de 2026 y hasta 2034.
El nuevo acuerdo, el 22º en la historia de la Argentina y el Fondo, fue diseñado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el staff del organismo con el objetivo primordial de comenzar a atacar uno de los problemas más urgentes del país, la alta y persistente inflación.
El núcleo del plan es una reducción paulatina y gradual del déficit fiscal hasta equilibrar las cuentas públicas en 2025, disminuyendo el financiamiento monetario del Tesoro, ampliamente visto como una de las causas principales del fuerte aumento de los precios. El ajuste fiscal se concentrará en el recorte de los subsidios a la energía, que tendrá como contrapartida un aumento en las tarifas de la electricidad y del gas a los hogares de mayores ingresos del país.
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