El campo sumó otro reclamo en la Justicia por las retenciones. Los integrantes de la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), reclamaron el miércoles en la Cámara de Apelaciones de Tucumán una declaración de certeza e inconstitucionalidad. La presentación fue realizada por la abogada de la entidad, Emilia Bartolucci. Hay que recordar que semanas atrás la Sociedad Rural Argentina y la Sociedad Rural de Jesús María, elevaron una acción de amparo en los tribunales federales de Córdoba.
La presentación de Apronor tiene lugar en momentos donde el campo rechazó un nuevo aumento de las retenciones a los subproductos de soja, argumentando que el mismo es “ilegal” porque el pasado 31 de diciembre venció la facultad que tenía el Poder Ejecutivo de modificar el esquema de retenciones. Como dichas facultades no fueron prorrogadas, porque el Proyecto de Presupuesto del presente año fue rechazado por la Cámara de Diputados, para los productores y dirigentes las retenciones deben ser del 0 %.
En la presentación se sostiene que “hoy el Poder Ejecutivo no tiene ningún sustento legal que lo habilite al cobro de los derechos de exportación en discusión. No existe ninguna norma del ordenamiento jurídico que avale el cobro de estos tributos. Recordemos que se encuentra en vencida al 31/12/21 la facultad delegada al Poder Ejecutivo a través de la Ley 27.451. Asimismo, el Artículo 755 del Código Aduanero no habilita al Poder Ejecutivo a cobrar tributos que no han sido creados por una ley en sentido formal ni tampoco configura un caso de delegación legislativa permitida por la Constitución nacional, al ser objeto de esa delegación un supuesto que debe ser tratado por el Congreso de la Nación indefectiblemente”.
Además, en la presentación se señaló que “los DNU 131/2022 y 132/2022 son inconstitucionales por violar el principio de legalidad y no responden a un proceso legislativo garantizado por el Congreso de la Nación. El Poder Ejecutivo no tiene facultades para legislar en materia tributaria, por ende el cobro de dichos tributos es nulo de nulidad absoluta”. Según comentaron directivos de la entidad, el objetivo es que exista un pronunciamiento de la Justicia sobre la ilegalidad o no del cobro de las retenciones. En el caso de que se determine lo primero, se avanzará con un amparo y un recurso ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para que se devuelva la suma de dinero retenida a los productores desde el comienzo del presente año”.
Y se agrega: “La presente acción involucra derechos y garantías constitucionales en tanto procura la tutela jurisdiccional frente a la conducta del Estado nacional con respecto a la aplicación de tributos que no se encuentran vigentes a la fecha ni regulado por ninguna ley emanada del Congreso y publicada en consonancia con los principios de legalidad y reserva de ley, vulnerando legítimos derechos de los productores, exportadores y sujetos vinculados a la actividad, que ven menoscabados sus derechos patrimoniales y son víctimas de una actitud confiscatoria por parte del Estado nacional”.
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