A finales del año pasado, la AFIP intimó a Cristóbal López en el marco de un expediente de ejecución fiscal, a que pague 397.033.078 pesos en concepto del impuesto solidario, más 59,5 millones de intereses y costas.
En un escrito, el dueño del Grupo Indalo se defendió, señalando que no pudo cumplir con sus obligaciones fiscales por ser víctima de una “grave persecución” política, y que al encontrarse embargado en diversos expedientes judiciales “se hace imposible el pago de los tributos que se pretende ejecutar”.
Cristóbal López sostiene que por el momento no puede cumplir con la Ley 27.605, denominada “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, a raíz de los embargos que aún siguen vigentes sobre él.
La AFIP remitió una intimación de pago que con los intereses y costas, asciende a 456.588.039 pesos. Cuando en noviembre del año pasado le llegó la intimación bajo apercibimiento de la correspondiente ejecución fiscal, el dueño del Grupo Indalo respondió a través de un escrito en el que pidió que se rechace “la presente ejecución con expresa imposición de costas al Organismo Recaudador.
El fisco solicitó al juez de ejecución fiscal, Carlos Faggi, que dicte un embargo general de todos los fondos y valores depositados en entidades bancarias a nombre de Cristóbal López.
El exinquilino de Cristina Kirchner dijo que había sufrido “una grave persecución del Poder Ejecutivo Nacional, habiendo sido blanco de una serie de acciones realizadas con anterioridad a la actual administración de AFIP, materializada mediante un conjunto de actos administrativos y vías de hecho realizados con total intencionalidad y en violación a la ley, que afectaron gravemente a mi persona en forma directa (estuve dos años injustamente privado de mi libertad), a mi patrimonio, y que también afectaron directamente a las Sociedades del Grupo Indalo, de las que resulto uno de sus beneficiarios finales”.
Después de esa introducción, se refirió a los embargos sobre su patrimonio trabados en uno de los expedientes que tramita en Comodoro Py, donde se lo investiga por hechos de corrupción.
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