La acusación que llevó a juicio oral a Cristina Kirchner sostiene que desde su gobierno y diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de 46.000 millones de pesos”. Este martes, un exinspector de obra declaró como testigo sobre irregularidades en una ruta millonaria que tuvo el empresario.
Durante la instrucción del caso, los fiscales determinaron que la provincia de Santa Cruz fue elegida para el obrar “mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo”. Esto se puso en marcha, según el dictamen, a través de “la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia”.
Estas acusaciones se construyeron en base a la prueba documental. Parte de la misma por los trabajos de auditoría que impulsó Vialidad Nacional durante la gestión macrista, que puso la lupa sobre las licitaciones otorgadas al Grupo Austral.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) presidido por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, junto a sus pares Andrés Basso y Jorge Gorini, escucharon el testimonio de Martín Cergneux. Se trata de un ingeniero civil que trabajó en Vialidad provincial en Santa Cruz como inspector de obras. Durante la etapa de instrucción hizo particular referencia a la Ruta 9, una de las 51 licitaciones adjudicadas a Austral
Construcciones. Fue en el año 2007 para obras básicas y enripiado (no pavimento).
La obra comenzó el 6 de marzo de 2007 y debía terminar en 36 meses. A diciembre de 2015 el trabajo se había ampliado a 105 meses y no se había concluido.
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