La jueza federal María Eugenia Capuchetti (foto) y el fiscal Franco Picardi, que investigan penalmente al gobierno de Mauricio Macri por el destino de los 44 millones de dólares que recibió del Fondo Monetario Internacional, buscan nombres.
Por eso le están pidiendo a la entidad que conduce Miguel Pesce que detalle quiénes fueron los mayores operadores entre 2015 y 2019 y quiénes hicieron las mayores transferencia al exterior después de 2018. Para eso no solo ya se levantó el secreto bursátil sino también el secreto bancario, según indicaron fuentes judiciales. Así lo surge de una resolución firmada este jueves por la jueza, a raíz de un pedido de informes de la fiscalía realizado esta semana.
Fue el presidente Alberto Fernández el que volvió a poner el foco en esta causa esta semana durante la apertura de la Asamblea Legislativa, cuando criticó una vez más la deuda tomada por Macri y aseguró que el acuerdo que su Gobierno alcanzó ahora con el FMI no le impide al Poder Judicial avanzar en la denuncia penal que la Oficina Anticorrupción motorizó hace un año.
“Los argentinos y las argentinas tienen derecho a saber cómo ocurrieron los hechos y quiénes fueron los responsables de tanto desatino”, dijo mientras la vicepresidenta Cristina Kirchner sonreía y los legisladores del PRO se paraban a los gritos, indignados, para irse del recinto.
En Comodoro Py ya se venía trabajando la causa, tal como se reveló en la última semana de enero, cuando se publicó que la Procuración del Tesoro, en su rol de querellante, pidió citar como testigos a los técnicos del FMI que hicieron la primera evaluación del crédito que recibió el expresidente Mauricio Macri, encabezados por Roberto Cardarelli, en agosto de 2018. La jueza, por el momento, “tuvo presente” ese planteo.
Pero sigue esperando la información clave para avanzar. Gran parte de la misma depende del propio Estado. No obstante, el expediente va sumando información. Y en la causa consta un primer informe del BCRA “amplio y detallado” sobre el mercado de cambios entre 2015 y 2019.
Según el documento, allí se sostiene que “el conjunto de políticas económicas que se aplicaron desde diciembre de 2015 facilitaron la fuga de capitales por más de USD86.000 millones y crearon las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo”. Y se detalla cómo se generó una “notable concentración en unos pocos actores económicos”.
De acuerdo a ese informe del BCRA, un reducido grupo de 100 agentes realizó compras netas por USD 24.679 millones.
De cada 10 dólares que ingresaron en esa etapa, 8 tenían su origen en colocación de deuda y capitales especulativos.
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