La cadena de electrodomésticos Garbarino envió ayer 1800 telegramas de despido a sus empleados en el marco de un plan de cierre definitivo de sus 105 locales de todo el país. Tras un pedido de la Federación de Empleados de Comercio al Gobierno para evitar los despidos, el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días. La resolución oficial obliga a ambas partes a poner la situación en suspenso. Durante las próximas dos semanas, el gremio deberá abstenerse de realizar cualquier medida de fuerza u otra acción directa. A la vez, Garbarino deberá dejar sin efecto las desvinculaciones durante ese plazo. La situación de la cadena es crítica, “dramática”, según los empleados. La cadena pasó hace más de un año a manos del empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof, actual dirigente de San Lorenzo y exfuncionario bonaerense durante la gobernación de Daniel Scioli, quien se quedó con la empresa de la tradicional familia que le dio nombre a la compañía. Rosales nunca pudo remontar el negocio y luego llegaron la pandemia y la crisis. Hoy todos los locales de la empresa están cerrados y desde hace ocho meses los cerca de 3800 empleados de la empresa no están cobrando sus salarios. Esto incluye a los trabajadores de las seis unidades del grupo: Garbarino, Garbarino Viajes, la cadena Compumundo, la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego.
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