La Cámara en lo Contencioso Administrativo anuló una resolución que rubricó la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, a través de la cual reconocía la propiedad de un terreno a una comunidad mapuche de Bariloche.
La Justicia consideró que el organismo nacional incurrió en graves falencia al elaborar la Resolución 90/2020, motivo por el que determinó su nulidad a partir de una acción de amparo que presentó el propietario de las tierras en conflicto.
Al elaborar la resolución, Odarda omitió cumplir con el debido proceso adjetivo previo a su dictado “afectando con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta el derecho de defensa del actor, motivo por el cual corresponde hacer lugar a la acción de amparo promovida y declarar su invalidez”.
El Estado –menciona el fallo de la Cámara– debe aplicar el precepto de “asegurar a las comunidades indígenas el pleno goce, posesión y propiedad de las tierras que tradicional e históricamente ocuparon, mediante la implementación de procedimientos administrativos (así como también legislativos y judiciales) que, con el objeto de llevar a cabo tal propósito, resguarden el derecho de defensa no solo de los colectivos aborígenes sino también de los individuos cuyos intereses legítimos pueden verse directamente afectados por las medidas adoptadas”.
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