El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, presentó un escrito ante la jueza Comercial Marta Cirulli para que la quiebra decretada sobre el Correo Argentino SA, sea extendida al Grupo Macri, tanto a Socma como a Sideco, los dos conglomerados de la familia del expresidente.
El argumento fue la necesidad de “contar con otros activos” para que el Estado, principal acreedor, pueda cobrar la deuda verificada. La quiebra se encuentra suspendida tras la apelación formulada por los abogados del Correo.
La movida de Zannini se da a veinte días de las elecciones legislativas y cuando el kirchnerismo busca poner en el foco al expresidente.
El 5 de julio, la jueza comercial Cirulli decretó la quiebra del Correo Argentina SA, cuya firma controlante es Socma. El pedido de dicho proceso fue realizado por la Procuración del Tesoro. La magistrada describió la situación actual de la empresa como “ruinosa” y señaló que “no tiene actividad comercial” y que no puede “afrontar mínimamente sus ahora reducidos gastos ordinarios, que se satisfacen mediante donaciones societarias, y con un desmesurado pasivo concursal y posconcursal”. Para evitar la quiebra, la empresa había ofrecido al Estado, su principal acreedor, un pago total de 1000 millones de pesos en base a una deuda reconocida en un informe de la Sindicatura. Sin embargo, la Procuración del Tesoro, a cargo de Zannini, se opuso a la oferta y requirió la quiebra de la compañía. El Estado es el principal acreedor del Correo Argentino, y le reclama una cifra superior a los 4500 millones de pesos.
En ese marco, la magistrada evaluó que al ser el Estado el principal acreedor y ya que el mismo no avaló la oferta realizada, “no puede considerarse obtenida la mayoría requerida por la ley en cuanto a cantidad de personas que votaron favorablemente la mejora de propuesta formulada por la concursada. Por lo tanto, también cabría decretar sin más la quiebra de la concursada”.
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