La Justicia federal de Dolores citó a indagatoria al expresidente Mauricio Macri por presunto espionaje a familiares de tripulantes del hundido submarino ARA San Juan en noviembre de 2017, luego de iniciada las investigaciones que apuntaban a una responsabilidad de organismos del Estado por el mal estado de la navegación. Es en el marco de una denuncia realizada por familiares de víctimas de los hundidos y donde ya fueron procesados los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
La acusación es por haber ordenado, permitido, organizado y ejecutado la “realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley” entre diciembre de 2017 y finales del año 2018. Concretamente, se sospecha que ordenaron recolectar información por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos de los familiares, y de los integrantes del buque “El Repunte” y del buque “Rigel”.
En la denuncia hecha en septiembre del año pasado por la interventora de la AFI Cristina Caamaño, el juez también procesó a un grupo de espías que cumplían funciones en la Base Mar del Plata dependiente de la Dirección de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia. El momento de los supuestos delitos cometidos, es cuando familiares de víctimas realizaban marchas en reclamo de Justicia por las supuestas responsabilidades de organismos estatales en el hundimiento del submarino donde fallecieron 44 tripulantes.
La acusación contra Macri, tal cual lo denunció la interventora, es por ser el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. Según la sospecha, las tareas de inteligencia “respondieron a una orden directa emanada del Poder Ejecutivo Nacional”.
“La estructura jerárquica dentro de la Agencia Federal de Inteligencia y la identificación de esta línea ascendente para el reporte de la información recogida, se erige como otro indicador objetivo de la existencia de órdenes directas emanadas de las máximas autoridades del organismo, así como de su permanente coordinación de las labores de inteligencia prohibidas llevadas a cabo la Delegación Mar del Plata”, sostuvo el magistrado.
Parte de las tareas ahora imputadas también tiene que ver con seguimientos a familiares de víctimas del submarino hundido, una de las cuales fue en enero de 2018. Incluso, el juez recordó que familiares dijeron haber tenido problemas con sus teléfonos celulares y sus correos electrónicos. Un dato que remarcó el juez es la visita de Macri al Golf Club de Mar del Plata en julio de 2018 donde se presentaron familiares de tripulantes queriendo hablar con él, y les fue negado el acceso por agentes de la AFI.
Majdalni justificó que los espías estaban por cuestiones de seguridad y custodia del primer mandatario, a lo que el juez replicó: “¿Qué amenaza a la seguridad interior o a la seguridad presidencial puede presuponer dos mujeres en un predio custodiado por diversas fuerzas policiales y/o militares que lo único que querían era tener unos minutos de la atención de la máxima autoridad de la República en aquel entonces?”.
Las tareas de espionaje eran también a través de infiltrados en las marchas que hacían los familiares pero también a través del ciber patrullaje, y el juez aclaró que las mismas nada tenían que ver sobre el “riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos”.
Los familiares de tripulantes, en su mayoría mujeres recalcó el juez, “se encontraban en una clara situación de vulnerabilidad frente a esos sucesos, mientras los organismos del propio Estado ante sus reclamos de justicia, lejos de protegerlas y actuar con debida diligencia, las espiaba ilegalmente”.
“La gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido. Todo ello como consecuencia de haber ejercido sus derechos de peticionar ante las autoridades para saber qué pasó en verdad con sus familiares”, determinó.
Las “acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri”, determinó el magistrado en su fallo.
Arribas y Majdalani fueron procesados sin prisión preventiva por la “realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de coautores, en virtud de haber obtenido información, producido inteligencia y almacenado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban, así como en virtud de haber pretendido influir en la situación institucional y política del país, en la vida interna de los partidos políticos y en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo; en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público en carácter de coautores”.
Junto con los procesamientos a Arribas y Majdalani, que también comprende a otros integrantes de la AFI, el juez impuso embargos de hasta 20 millones de pesos a cada uno.
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