Boudou busca anular su condena y volver a la función pública

Después de recuperar la libertad en la causa Ciccone, por la que fue condenado a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por intentar quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta que fabrica papel moneda, el objetivo ahora del exvicepresidente Amado Boudou es declarar la nulidad de esa sentencia para buscar limpiar su nombre y, de paso, recuperar sus derechos para ocupar cargos públicos.
Su abogada Graciana Peñafort explicó que la prioridad es anular la condena e indicó que no están detrás de la rehabilitación política, aunque el propio Boudou expresó que le gustaría volver a ocupar un cargo público. “Nos queda por delante una pelea para anular la sentencia contra Boudou”, dijo la abogada, que trabaja en la defensa junto con su colega Alejandro Rúa. La estrategia para lograr demoler la condena contra Boudou tiene tres patas y dos tiempos. Primero, la idea es trabajar sobre tres causas en trámite donde el exvicepresidente denunció que fue víctima de irregularidades que permitieron su condena.
La primera causa es a raíz de los pagos que recibió como imputado protegido Alejandro Vandenbroele. El empresario confesó en la causa que actuó como testaferro de Boudou y que en su nombre buscó controlar la imprenta. Como imputado colaborador, fue ingresado a un plan oficial del Gobierno que prevé que se facilite su subsistencia. Vandenbroele presentó un proyecto para construir un hotel y pidió 1.500.000 pesos al programa Protección de Testigos, que depende del Ministerio de Justicia. Recibió parte del dinero. Peñafort explicó que el pago no se hizo en el caso Ciccone, sino en una causa que no era la principal, y por eso señaló que es irregular. La fiscal Paloma Ochoa impulsó esta investigación. “A estos pagos se debe la prisión de Boudou: declaró en otra causa paralela donde estaba imputado el banquero Jorge Brito”, dijo la abogada.
El segundo expediente donde se presentó Boudou es aquel en que se investiga el funcionamiento de una “mesa judicial” en el gobierno de Mauricio Macri, con el presunto objetivo de influir en causas judiciales en marcha. Allí denunciaron que uno de los jueces que lo condenó, Pablo Bertuzzi, estaba en la mira del Gobierno para ser trasladado a la Cámara Federal.