El Gobierno avanza en la hipótesis en torno al eventual delito de contrabando en el envío de “material bélico” a Bolivia en el que podría haber incurrido la anterior administración durante los días posteriores a la renunciada forzada de Evo Morales.
En paralelo al rol del ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, la Aduana termina de pulir por estas horas una investigación interna para determinar si en el egreso e reingreso del material enviado a Bolivia en noviembre del 2019 se cometió algún tipo de ilícito. Apuntan, en ese sentido, a un supuesto “contrabando”, como resaltó la propia ministra.
“Cómo mínimo”, explicó la funcionaria al diario Perfil.
La investigación, liderada desde el viernes por colaboradores de Silvia Traverso, la directora general de Aduana, configura el primer paso de una serie de pesquisas internas que podría terminar en una denuncia penal contra la administración de Mauricio Macri.
El fin de semana, la ministra de Seguridad elevó al Presidente documentación que confirma el envío de 10 pistolas semiautomáticas, dos escopetas de repetición, cinco carabinas automáticas, dos ametralladoras, dos fusiles de repetición, 12 chalecos antibalas, 12 cascos balísticos, dos escudos balísticos, dos visores nocturnos y 8.820 municiones de distintos calibres para los agentes del escuadrón Alacran de Gendarmería que debían custodiar el edificio de la embajada argentina en aquel país.
El arsenal fue autorizado por la Anmac, la ex Renar, y despachado a Bolivia el 11 de noviembre del 2019, un día después de la renuncia de Evo Morales. Veinticuatro horas más tarde, se autorizó la ampliación de 70 mil cartuchos antitumultos. Pero habrían regresado poco más de la mitad.
ENVÍO DE MATERIAL BÉLICO
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