El Gobierno tendrá una mayor intervención en el sistema ferroviario con el control de todos los trenes de carga y el transporte ferroviario de pasajeros. El Ministerio de Transporte dio el primer paso este lunes al rechazar la extensión de las concesiones del servicio de carga de Ferroexpreso Pampeano, Nuevo Central Argentino (NCA) y Ferrosur Roca, con un volumen de tráfico del 70% del negocio.
Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, la operación de las tres líneas -las últimas que estaban en manos privadas- pasarán a manos del Estado con la gestión a cargo de Trenes Argentinos (Belgrano Cargas y Logística), mientras la administración de la infraestructura correrá por cuenta de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias estatal (Adif).
La idea del Gobierno es avanzar ahora en un sistema inspirado en el "open access" europeo, por el que los privados deberán pagar un canon o peaje por el uso de las vías con sus propias locomotoras y vagones, y el Estado podrá alquilarles el servicio a las empresas interesadas haciéndose cargo el sector público de las obras de mantenimiento.
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"No es una estatización, no estamos continuando la prórroga de las concesiones, el Estado retoma el servicio con la salvedad de que privados que usan pueden seguir usándolas pagando un canon o un peaje, porque al fin y al cabo hacemos todas las obras de infraestructura y no es beneficioso para ninguno de los argentinos que paga impuestos", señalaron desde Transporte.
La medida afecta a Ferroexpreso Pampeano, en manos del Grupo Techint y Sociedad Comercial del Plata. Como el contrato vence el 31 de octubre de 2021, el Gobierno decidió aplicar una prórroga especial hasta el 30 de junio del año próximo para lograr una transición efectivo en el corredor Rosario – Bahía Blanca.
Las concesiones fueron adjudicadas con contratos por 30 años después de la privatización de la vieja Ferrocarriles Argentinos en la década del 90 y la división de la red ferroviaria en diferentes concesionarias. Durante la gestión de Guillermo Dietrich, las compañías solicitaron la prórroga del contrato por un período adicional de 10 años, sin lograr avances.
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