Amnistía Internacional le envió este viernes una carta al canciller argentino Felipe Solá para reclamar una posición “contundente” contra las violaciones a los derechos humanos en Venezuela cometidas por el régimen chavista.
En la nota remarcaron que Argentina debe apoyar públicamente la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre Venezuela, pese a que el Gobierno de Alberto Fernández se retiró de ese juicio.
También solicitó que el Gobierno “considere iniciar investigaciones en Argentina en base al principio de jurisdicción universidad” y no el de no injerencia en los asuntos internos. Se trata de una posición clave, porque la sucursal argentina de Amnistía tenía hasta ahora buena sintonía con el kirchnerismo.
El pedido se produce después de que el Gobierno se abstuvo de condenar la violación a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
En diciembre de 2019, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michele Bachelet dio a conocer un informe sobre un grave el cuadro humanitario en Venezuela.
“Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales”, lamentaba Bachelet, entonces.
Las fuerzas armadas y de seguridad cometieron 6856 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019, sobre la base de datos del propio Gobierno chavista. El régimen procesó y encarceló periodistas y cerró medios de comunicación.
En los tres meses que siguieron a la publicación de julio de 2019, la oficina de Bachelet documentó “118 casos de personas privadas de libertad” que requerían “una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena”.
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