Junto con los cinco contratos que firmó Argentina para la adquisición de 50 millones de vacunas, la Auditoría General de la Nación (AGN) se encuentra analizando los fondos que el Estado aplicó a diferentes programas de ayuda en medio de la pandemia del Covid-19, como el IFE -que demandó 265.171 millones de pesos- y el ATP, la ayuda económica a empresa que en sus siete etapas significó una erogación de 370.240 millones.
Además, bajo la lupa están los gastos vinculados a la pandemia que realizaron el Ministerio de Desarrollo Social -como la Tarjeta Alimentar, que representó una inversión en todo el 2020 de 113.000 millones de pesos- y los gastos de la cartera de Salud. El monto total del gasto que está bajo la lupa de los auditores supera los 767.000 millones de pesos.
Los fondos que a través de diversos programas el Estado nacional destinó a paliar las consecuencias sociales y económicas que generó la pandemia del Covid-19 son parte de una auditoría que realiza la AGN. El objetivo es determinar el nivel de transparencia, eficiencia y responsabilidad con que el Gobierno utilizó el dinero del erario público. Esto incluye, observar si se cometieron irregularidades o no, si los fondos se aplicaron con discreción y respetando los criterios establecidos.
El organismo auditor analizará gastos multimillonarios. Solo si se toma en cuenta las erogaciones que demandó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), estamos hablando de 635.411 millones de pesos.
Pero por otro lado, hay que contemplar los diferentes programas vinculados a la pandemia que impulsó el Ministerio de Desarrollo Social que dirige Daniel Arroyo, y que también están siendo auditados.
El IFE se destinó a los trabajadores informales y monotributistas, personal de casas particulares, desempleados, y también a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) como también a aquellas mujeres que reciben la Asignación Universal por Embarazo (AUE). La condición estipulada fue que el IFE solo podía solicitarlo un integrante por familia. Quienes percibían otro tipo de ayuda del Estado por desempleo, no podían requerirlo.
Según los números oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), fue concedido a 8.839.044 personas, el 20% de los argentinos.
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