Al argumentar la existencia de una "condena social" instalada en los medios de comunicación y que también repercutiría en el Gobierno Nacional, los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa renunciaron a la posibilidad de ser juzgados por un jurado popular.
La decisión fue plasmada en un escrito que presentó el abogado de los acusados, Hugo Tomei, ante el juez de Villa Gesell, David Mancinelli, en el que detalla que "la decisión fue condicionada por la incuestionable y lapidaria condena social que se instaló como consecuencia de la construcción de sentido realizada a través de los medios masivos de comunicación".
En el escrito también pidió la anulación de la elevación a juicio del caso, al sostener que no se entiende "qué se le imputa" a cada uno de los imputados: Luciano Pertossi, Ciro Pertossi, Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz; Máximo Thomsen; Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli. Ahora, el juez Mancinelli tiene cinco días para resolver en cuanto a las cuestiones.
"No hay ningún enunciado proposicional que pueda establecer en su dimensión descriptiva una aceptable diferencia entre los actos que habría realizado cada uno de mis asistidos con relación a los delitos imputados", argumentó.
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