Alberto Fernández no se aplicará la vacuna rusa Sputnik-V hasta que no lleguen desde Moscú los papeles que acrediten que no tiene contraindicaciones para personas mayores de 60 años. El dato fue confirmado por un importante miembro del Gabinete, luego de que el ministro Ginés González García cometiera una infidencia al revelar que el Presidente estaba “nervioso” por la demora en la certificación moscovita.
Pero más allá del relajamiento discursivo del ministro de Salud, lo cierto es que el Gobierno empieza el año nuevo con una disyuntiva de proporciones frente a la pandemia: ¿Qué hacer si, pese al inicio de la vacunación, se produce un rebrote de coronavirus con una potencia similar a la de 2020? Ya está probado que las medidas de aislamiento estricto atentan contra la recuperación de la economía. Y eso complicaría las chances del oficialismo de cara a las elecciones legislativas.
Por ende, el Gobierno buscará soluciones alternativas, que pueden empezar a implementarse este mismo verano. Una de ellas será la declaración del “toque de queda sanitario” para evitar las aglomeraciones de personas por las noches, en especial de jóvenes que acuden a fiestas clandestinas. En la Casa Rosada también se analiza la posibilidad de ordenar cierres por distritos, sin necesidad de reimplantar la cuarentena en una Provincia completa o a nivel nacional.
En las conversaciones del Presidente con el gobernador Kicillof, el alcalde porteño Rodríguez Larreta y los mandatarios provinciales del interior del país apareció una idea compartida: “Volver a cerrar todo es de imposible cumplimiento”, razonaron los gobernantes. Coincidieron, en esa misma línea, que ni la sociedad ni las fuerzas de seguridad –y no lo admitieron, pero tampoco los gobiernos- están en condiciones de volver a convivir en un estado de cuarentena generalizado.
Las PASO y las “listas de unidad”
El Gobierno nacional tampoco descarta la posibilidad de promover abiertamente la suspensión de las elecciones primarias, conocidas como PASO, si se descontrolara el cuadro sanitario en los próximos meses. Hasta ahora, la iniciativa partió de algunos gobernadores provinciales pero está frenada en el Congreso a la espera del visto bueno de la Casa Rosada. La línea que baja Alberto Fernández es que el FdT tendrá “listas de unidad” para todas las candidaturas a nivel nacional.
En ese tren, avaló la designación de Máximo Kirchner como futuro presidente del PJ bonaerense, pese a la resistencia de un grupo de intendentes peronistas que se sienten avasallados ante el avance del jefe de La Cámpora. Alberto Fernández proyecta para él mismo la presidencia del PJ nacional, que asumirá en marzo próximo. Y procura, de la mano del sindicalista y empresario de medios Víctor Santa María, un armado electoral para su territorio: la ciudad de Buenos Aires.
La relación política entre Alberto Fernández y Larreta ya no es la que era al principio de la pandemia. De hecho, el alcalde porteño avisó ayer por carta que no asistirá a la convocatoria del Gobierno nacional para negociar los fondos correspondientes a la seguridad, tras el recorte a la coparticipación del distrito. Pese a que regresó a la quinta de Olivos luego de varios meses, Larreta insistirá en la continuidad del litigio ante la Corte Suprema de Justicia, que demora definiciones.
La oposición nucleada en Juntos por el Cambio sigue teniendo su base electoral en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba y Mendoza, pero navega en un mar de dudas en la provincia de Buenos Aires. La reaparición de Elisa Carrió, la indefinición de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y la interna pendiente del radicalismo, bosqueja un escenario que dependerá más de si el electorado bonaerense quiere apoyar o reprobar al Gobierno, que de los propios candidatos opositores.
El ajuste progresista
Igualmente, Máximo Kirchner se acordó de Vidal en su última intervención en la Cámara de Diputados, cuando sostuvo que la “leona” –como apodaba el macrismo a la ex gobernadora- perdió la elección “por 20 puntos” contra Kicillof por “falta de gestión”. El jefe del bloque oficialista puso más énfasis en este tipo de definiciones políticas, que en la defensa de la nueva fórmula de cálculo de las jubilaciones, a la cual la oposición consideró un “plan de ajuste”.
La exclusión del índice de inflación en la fórmula previsional –que implica a unas 18 millones de personas, porque cuenta para los planes sociales- se concretó en la sesión del pasado martes, mientras el Senado debatía la legalización del aborto. La aprobación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una demanda histórica de las organizaciones feministas, le permitió al Gobierno pintarse con una pátina de progresismo que hasta ahora no había conseguido.
Aunque los debates que vienen en el Congreso, desde mediados de enero, serán menos transversales y dividirán aguas entre el oficialismo y la oposición. La reforma judicial, frenada hace meses en la Cámara de Diputados; y la modificación del Ministerio Público Fiscal, que incluye un cambio en la duración del cargo de procurador y en un avance del poder político en el control a los fiscales, forman parte del temario de las sesiones extraordinarias hasta el 28 de febrero.
Tras una reunión de una hora a solas, los presidentes de ambas cámaras, Cristina Kirchner y Sergio Massa, dieron en los últimos días una señal de unidad con la primera foto política entre ambos, en el acto en el que recibieron el informe de la comisión bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia, presidida por el exalfonsinista Leopoldo Moreau. El documento abona la teoría del “Lawfare” que esgrime la Vicepresidenta.
También Amado Boudou, que deberá regresar a prisión luego de que la Corte no aceptara revisar su condena, advirtió que su caso es un aviso para Cristina e incluso sostuvo que “van a ir por ella desde marzo” próximo. Pero en los últimos días, la Vice sólo tuvo buenas noticias del Poder Judicial: el juez Ezequiel Pérez Nami le habilitó el cobro de dos pensiones honoríficas, sin pagar el impuesto a las Ganancias, lo que significará un ingreso extra para Cristina aparte del sueldo de Vicepresidenta.
Desconfianza mutua
Mientras transcurren los plazos para un próximo recambio del Gabinete, que Alberto Fernández madura aunque haya defendido a sus ministros tras la arremetida de Cristina en La Plata, el Gobierno acaba de confirmar que no se quedará de brazos cruzados ante el aumento en los precios del maíz, al suspender el Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior con embarques hasta el 1 de marzo. También sigue de cerca los mercados del trigo y la carne.
La medida ya provocó la reacción de las organizaciones que representan al campo, como CARBAP que se declaró en estado de alerta y movilización; y las principales bolsas de cereales del país. La relación entre el Gobierno y las entidades agropecuarias es de desconfianza mutua, a tal punto que el 80% de los productores se manifiestan preocupados por el “clima político”, de acuerdo a las encuestas. En 2009, tras la “guerra gaucha” del año anterior, el kirchnerismo gobernante por entonces sufrió una derrota electoral a manos del tridente Macri-De Narváez-Felipe Solá.
Antes, Alberto Fernández renunció a la Jefatura de Gabinete y se distanció de Cristina Kirchner. Una experiencia muy amarga para ambos, pero especialmente para el actual mandatario, que pasó años en el llano y con expresiones muy críticas sobre todo del segundo gobierno de Cristina, que ahora aplaca con algunos cambios de opinión, por caso sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, al que consideró un “suicidio”. Otros tiempos políticos, otras necesidades también.
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