Superada la prueba sin mayores inconvenientes en la Cámara de Diputados, el centro neurálgico de la carrera por la despenalización del aborto se trasladará al Senado de la Nación. En el Gobierno revisan y negocian los votos que faltan. Si logran conseguir la “luz verde” necesaria para obtener la aprobación, el proyecto será debatido el próximo 29 de diciembre, señalaron fuentes del Senado.
En el Gobierno quieren evitar que se produzca la votación en los días previos a la Navidad, una fecha sensible para los fieles de credos cristianos y católicos que se embanderan en el lado “celeste” de la discusión del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Y aunque existiera la decisión política de tratarlo, sería dificultoso por la labor parlamentaria previa en las comisiones del Senado. El feriado de mitad de semana y la obligación de dejar transcurrir siete días hábiles entre la emisión del dictamen y el día de la sesión aparecen como obstáculo real.
El ala “verde” del Frente de Todos no quiere que la votación en el Senado se postergue hasta febrero o marzo. Sin embargo, ese escenario se podría producir hipotéticamente ante la situación de que el bloque oficialista no logre reunir los votos en diciembre. Para aprobar la sanción definitiva en la Cámara alta, se requiere apenas una mayoría simple: con reunir una cantidad de votos afirmativos mayor que los negativos es suficiente.
Ardua negociación
Con ese objetivo, la secretaria de Legal y Técnica de la Nación, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, se encuentran trabajando para conseguir las voluntades que faltan, que se calcula “entre 3 y 4 senadores”, señalaron. Además de los cambios de último momento introducidos, en las estrategias de negociación juega también el proyecto bautizado como el “Plan de los 1.000 días”, que apunta a asistir económica e institucionalmente a los embarazos y las primeras infancias hasta la edad de tres años. Creen que esa iniciativa puede ayudar a que los senadores indecisos o refractarios –si no es por el voto afirmativo– se definan por la abstención, lo que favorecería en última instancia la sanción de la ley impulsada por el movimiento feminista. La ley de matrimonio igualitario pudo sancionarse de esa manera: con ausentes y abstenciones.
Pero la tarea no es sencilla. Históricamente, los representantes de las provincias del norte del país mantuvieron un perfil tradicionalista y conservador, lo que los hace proclives hacia el sector “celeste”. Además, la influencia de los gobernadores es mayor sobre las bancas del Senado en comparación con las de la Cámara de Diputados. Allí la división de poderes es difusa: los senadores tienden a responder a los intereses del gobernador y a sus alianzas locales, entre las que se destaca el vínculo estrecho con las iglesias. Los credos religiosos mantienen un rol estructural gravitante en la vida social del norte argentino y tienen más presencia que la corriente de ideas que impulsa la “marea verde”. Por lo tanto, cualquier toma y daca que lleven adelante los dirigentes del Frente de Todos no obedecerá únicamente a una lógica puramente parlamentaria.
Por lo pronto, el Senado definirá próximamente la cantidad de comisiones a las que será girado el proyecto que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados. En principio lo tratarán las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside María de los Ángeles Sacnún, la de Justicia y Asuntos Penales, que dirige Oscar Parrilli, la de Salud, que conduce el radical Mario Fiad. No se descarta incluir una cuarta comisión, como Legislación General, que conduce Ana Almirón.
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