La relación política entre el Presidente y la Vice no está bien. La tumultuosa jornada de despedida a Diego Maradona lo terminó de confirmar. Alberto Fernández y Cristina Kirchner solo cruzaron unas palabras y luego cada uno enfiló hacia un sitio distinto de la Casa Rosada. Él subió al despacho presidencial y ella se refugió en las oficinas del ministerio del Interior. El puente entre ambos lo tendió Wado de Pedro, yendo de un lado a otro en la convulsionada sede de gobierno.
El titular de la cartera política presenció el tenso diálogo telefónico entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el vicejefe porteño Diego Santilli -a cargo de la Policía de la Ciudad- que también escuchó el presidente Fernández. Pero la decisión de responsabilizar públicamente a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta -a través de un tuit- tuvo el sello político de Cristina, al igual que la denuncia judicial de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del kirchnerista Pietragalla.
El fracaso del operativo conjunto trascendió las fronteras nacionales, por tratarse del funeral de un ícono global como Maradona. Por más explicaciones que dieron Frederic y Santilli, lo cierto es que una muchedumbre enfervorizada estuvo a punto de abalanzarse sobre el féretro de Diego y puso en riesgo la integridad de sus familiares. Ante tanto descontrol e impericia, solamente la Casa Militar –que vela por la seguridad en la Rosada- pareció estar a la altura de las circunstancias.
Según pudo constatar este cronista en la Casa de Gobierno, en medio de una nube de gas pimienta que ingresó por Balcarce 50, hubo un elemento que las autoridades no tuvieron en cuenta: la composición del público futbolero, que incluye a las “barrabravas” como parte del paisaje habitual de los clubes. La propia familia Maradona habilitó el ingreso de Rafael Di Zeo, histórico barra de Boca. Y otra facción xeneize copó el Patio de las Palmeras en el momento de mayor tensión.
Lo que no se aclara de entrada...
El Presidente y sus colaboradores cometieron, a su vez, un error que resultó determinante: no le aclararon a Claudia Villafañe que la cesión de la Casa Rosada implicaba que el funeral debía realizarse al menos durante dos jornadas, dada la convocatoria del astro. La cerrada negativa de la ex mujer de Maradona a darle continuidad a la ceremonia no pudo ser doblegada tampoco por Cristina, ni siquiera con el argumento de su experiencia personal en el caso de Néstor Kirchner.
La Vicepresidenta tuvo que salir por el Museo del Bicentenario, prácticamente la puerta trasera que da a la avenida Paseo Colón. Para ese jueves estaba convocada una sesión del Senado que -por imperio de las circunstancias- se postergó para el viernes. En medio del duelo nacional decretado por Fernández, la Cámara alta sancionó una reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal que le permitirá al oficialismo nombrar al nuevo procurador sin los votos de la oposición.
Pero eso ya se daba por hecho. La novedad del proyecto consiste en las amplias facultades que se le otorgan a una Comisión Bicameral del Congreso para cubrir la “vacancia” del procurador, que en los hechos le permitirá al oficialismo desplazar al procurador interino Eduardo Casal -a cargo del MPF desde 2017 tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó- y revisar además la actuación de los fiscales en medio de un proceso. Consagra, así, la injerencia del poder político sobre el judicial.
La pregunta que todos se hacen
La avanzada del oficialismo en el Senado abre un nuevo capítulo en la relación entre Cristina y Alberto Fernández. ¿Qué sucedería si, en lugar de nombrar al juez Daniel Rafecas, el kirchnerismo propone otro candidato para la Procuración? Ahora volvió a circular el nombre de Oscar Parrilli, mano derecha de la Vice, como uno de los interesados en ocupar ese cargo. Ese andamiaje político-judicial tiene un claro antecedente: Carlos Zannini, el jefe de los abogados del Estado.
La oposición nucleada en Juntos por el Cambio luce impotente en el Senado. Más allá de algún cruce con Cristina que le permite difusión mediática, lo cierto es que a la hora de la verdad pierde todas las votaciones importantes. La Vicepresidenta consolidó un poder inusual con la ayuda de aliados como el rionegrino Alberto Weretilneck -ex gobernador y autor del proyecto de reforma del MPF- que le permitiría condicionar, llegado el caso, las políticas del presidente Fernández.
Para muestra sobra un botón: mañana tratará el Senado, en la última sesión del período ordinario de este año, una Ley de Endeudamiento que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán, para mostrar ante el Fondo Monetario Internacional que el Gobierno cuenta con el apoyo del Congreso en la negociación que está en curso. El kirchnerismo le agregó a la iniciativa un artículo que indica que el Estado no podrá utilizar el endeudamiento -incluso con el FMI- para gastos corrientes.
Más “verdes” que “celestes”
En la Cámara de Diputados, el debate político de la semana pasará por el proyecto para legalizar el aborto. Desde el martes, un plenario de cuatro comisiones discutirá la iniciativa en una mezcla del formato remoto con el presencial. Un total de 50 expositores se turnarán para dar su punto de vista -salomónicamente repartidos entre “verdes” y “celestes”- y se aguarda que el viernes se emita un dictamen de mayoría, que llevará la iniciativa al recinto hacia el 10 de diciembre.
De acuerdo con las previsiones, los partidarios del aborto superan a los que se oponen al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aunque todavía quedan unos 25 que no anticiparon el sentido de su voto y hay algunos casos peculiares como el de la correntina Sofía Brambilla (PRO), que en 2018 votó a favor y ahora lo hará en contra. En forma paralela, se debatirá el proyecto de los “Mil días”, concebido por el Gobierno como un gesto a las iglesias católica y evangélica.
Ambas iniciativas serán incluidas por el presidente Fernández en el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso, que abarcará al menos todo el mes de diciembre. En la Casa Rosada afirman que la lista de los temas la manejan exclusivamente el jefe de Estado y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Y que el llamado a extraordinarias -una potestad exclusiva del Poder Ejecutivo- se enmarcará en un gesto de autoridad dentro de la coalición oficialista.
El ajuste no reconocido
Aunque el Gobierno también necesita asegurarse la sanción de proyectos como el que cambia la fórmula de cálculo de las jubilaciones, que ya envió al Senado y que supondrá una reducción del gasto público en 2021, a tono con las negociaciones en marcha con el FMI para achicar el déficit fiscal. A tal punto, que ayer aclaró a través de un comunicado de Anses que el aumento del 5 por ciento anunciado para diciembre, será tomado a cuenta del incremento de marzo próximo.
Las arcas del Estado están exhaustas. La pandemia de coronavirus, que está cediendo aunque sigue latente la amenaza de una segunda oleada, las terminó de agotar. El aumento de la presión fiscal asoma, en este contexto, tan previsible como dañino para la imprescindible reactivación económica.
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