Ni bien entró a su despacho, el diputado opositor recibió una planilla que detallaba minuciosamente la votación del impuesto a ricos o Aporte Solidario, en la jerga del oficialismo. Y de inmediato clavó la mirada en el pronunciamiento de unos 10 legisladores que inclinaron el resultado a favor del Frente de Todos. “Por acá –dijo, señalando con énfasis, los nombres y números impresos en el papel- pasará la discusión política de ahora en más”.
¿A qué se refería el diputado, que tuvo protagonismo en la última sesión de la Cámara baja? A los votos de sus colegas no encolumnados con la coalición gobernante ni con Juntos por el Cambio. Un variado menú de legisladores que fueron elegidos en la lista de Roberto Lavagna; del “cordobesismo” del gobernador Juan Schiaretti; de partidos provinciales de Río Negro, Misiones y Neuquén; y de algunos que llegaron al Congreso por Cambiemos y luego emigraron.
El diputado, a cuya espalda se podía ver una fotografía con Mauricio Macri aunque hacia adelante estará más cercano al proyecto presidencial que perfila Horacio Rodríguez Larreta, volvió a mirar la planilla y razonó: “En esta franja de la dirigencia está la diferencia entre ganar y perder una elección a nivel nacional. Alberto Fernández ganó (en 2019) porque prometía la moderación que no se le puede pedir a Cristina (Kirchner). Sin embargo, cree que la aprobación de estas leyes lo alejan más de ese electorado moderado.
Paradójicamente, la misma lógica aplica el kirchnerismo cuando le exige a Fernández que recuerde a quiénes representa la coalición gubernamental. La demarcación del territorio político sobre el que se mueve el FdT se asemeja cada vez más a la que pretende Cristina y menos a lo que puedan sumar el Presidente o el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Incluso opositores amigables como Lavagna se ven arrastrados hacia el poder centrípeto de la Vicepresidenta.
Entre Lavagna y Schiaretti
De los tres diputados con los que cuenta Consenso Federal, dos votaron a favor del impuesto a los ricos –Eduardo “Bali” Bucca y Alejandro “Topo Rodríguez- pero Graciela Camaño lo hizo en contra. Las diferencias internas obligaron a Lavagna a tomar distancia de la iniciativa de Máximo Kirchner, con la advertencia de que la inversión “no se alienta con el látigo”, pero al exministro de Economía le costará mantener a los votantes del espacio de cara a las legislativas de 2021.
Los diputados cordobeses vinculados a Schiaretti también emitieron señales contradictorias. La mayoría apoyó el Aporte Solidario pero la mujer del gobernador, Alejandra Vigo, se ausentó al momento de la votación porque “se sintió mal”. La provincia mediterránea es un distrito proclive al macrismo en los últimos años, por lo cual el peronismo gobernante debe hacer equilibrio político. Incluso se rumoreó que Macri podría ser candidato en Córdoba el año que viene.
Pero el expresidente ya aclaró que no se ve en las listas legislativas en 2021. En JxC piensan que Macri solamente sería candidato en caso de verse cercado judicialmente. La propia Cristina actuó de esa manera en 2017, cuando el juez Claudio Bonadío avanzaba con múltiples causas que le apuntaban directamente y se candidateó como senadora nacional por la Provincia. En la Cámara alta se vio favorecida por la “doctrina Pichetto” y logró resguardarse de los pedidos de detención.
En este contexto, las denuncias de letrados cercanos a Cristina contra Macri y Elisa Carrió en los expedientes en que se investiga si hubo espionaje ilegal durante la administración de Cambiemos, fueron interpretados no solamente como una revancha judicial de la Vice, sino también como una “invitación” a ambos para que sean candidatos el año que viene. En un escenario económico desfavorable, el oficialismo necesitaría recordarle al electorado que “la culpa la tiene Macri”.
El enojo póstumo de Brito
En la oposición se cuidan de no pisar el palito. Por eso no reclamarán a la Justicia la inconstitucionalidad de la “Ley Máximo”. “Los jueces lo van a rechazar si lo pedimos nosotros. Lo tienen que hacer los afectados por el impuesto”, sostuvo un dirigente de JxC en referencia a los empresarios. Antes de morir en un accidente con su helicóptero, el banquero Jorge Brito había anticipado el clima imperante entre los hombres de negocios: “Nadie lo va a pagar”, advirtió.
Incluso, Brito había tenido una conversación telefónica con el presidente Fernández, que le reprochó esas declaraciones. La misma postura que el dueño del Banco Macro adoptaron otros empresarios de frecuente diálogo con el Gobierno, como Alfredo Coto y Roberto Urquía, de aceitera General Deheza. Como se descuenta la rápida sanción del Senado, las miradas estarán dirigidas a la reglamentación posterior de la ley que estará a cargo del Poder Ejecutivo.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, avisó que debido a la variación en la cotización del dólar, más personas que las 10.000 previstas originalmente tendrían que pasar el Aporte. La funcionaria también se pronunció a favor del aumento del impuesto a los Bienes Personales, cuya alícuota había bajado el Gobierno anterior como una zanahoria para el ingreso al blanqueo. Máximo Kirchner había apuntado en esa dirección al impulsar una futura reforma tributaria.
El Congreso se encamina hacia una prórroga de las sesiones ordinarias, tanto en el Senado como en Diputados. Durante diciembre, la Cámara baja terminará de discutir en un plenario de cuatro comisiones el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y pasará a la votación en el recinto. De acuerdo al “poroteo” entre los legisladores, la legalización del aborto volvería a aprobarse en Diputados, pese al lobby en sentido contrario que ya inició la Iglesia católica.
La agenda de Cristina
En la Cámara alta, en tanto, la inclusión de la cláusula de objeción de conciencia –a disgusto de las organizaciones feministas- podría sumar el apoyo de senadores críticos del proyecto enviado por el presidente Fernández. En la Casa Rosada trasladan ahora a Cristina la responsabilidad política de juntar los votos para legalizar el aborto. Pero la Vice está más abocada a la agenda judicial y acaba de obtener el dictamen favorable a la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
En caso de prosperar un proyecto del senador rionegrino Alberto Weretilneck, la designación del próximo procurador será con solo 37 votos en lugar de los dos tercios de la Cámara alta; el mandato del funcionario durará 5 años, con posibilidad de una reelección; y el Poder Ejecutivo podrá pedir la remoción, con acuerdo de dos tercios del Senado. Cristina no dio ninguna señal de que la reforma vaya a derivar en la elección del juez Daniel Rafecas, el candidato del Presidente.
En cambio, fue muy precisa al fijar un claro límite al proyecto de aval al endeudamiento que pidió el ministro de Economía, Martín Guzmán. Los senadores del FdT le agregaron un artículo por el cual no se podrá utilizar producto de los bonos en dólares ni los eventuales préstamos del Fondo Monetario para financiar gastos corrientes. Cristina rechaza el ajuste ortodoxo y las diferencias de criterio respecto del rumbo económico están a la orden del día en la coalición gobernante.
El oficialismo está desbalanceado en términos políticos. Tres de sus cuatro principales referentes, Cristina, Massa y Máximo, tienen base en el Congreso. El cuarto, Alberto Fernández, no logra compensar eso desde el Ejecutivo, pese a que la Argentina es un país presidencialista. El jefe de Estado se queja de que la reforma judicial no se trata en Diputados. Y no se sabe qué piensa de la carta de los senadores del FdT al FMI. En esta versión del peronismo, no impera la verticalidad.
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