En la Casa Rosada sienten que, por primera vez en meses, se empiezan a alinear los planetas. A la relativa calma en el mercado cambiario de las últimas dos semanas, se sumó ayer la confirmación de la victoria de Joe Biden sobre Donald Trump en los Estados Unidos. No es que en el Gobierno piensen que la futura administración demócrata beneficiará a la Argentina, pero se esperanzan con un escenario continental en el que el país no continúe tan aislado en términos políticos.
El razonamiento que circula entre los principales referentes del oficialismo tiene tres ángulos bien marcados: con Biden en lugar de Trump, Washington acentuará la buena relación con México (ya se sabe que al presidente Andrés Manuel López Obrador se acercó Alberto Fernández); le restará preponderancia al Brasil de Jair Bolsonaro; retomará el diálogo con Cuba y puede modificar la política sobre la inestable Venezuela, sin renunciar a la denuncia sobre las violaciones de los derechos humanos.
El último ángulo del triángulo argumental es el que más refleja el deseo político del peronismo gobernante. La histórica alianza del kirchnerismo con el chavismo –que derivó en el régimen civil-militar de Nicolás Maduro- es la llaga donde suele meter el dedo la oposición. El viernes, la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados terminó a los gritos porque el FdT se negó a tratar un proyecto de declaración sobre la “violación a los derechos humanos” en ese país.
El titular de la comisión, el albertista Eduardo Valdés, se embarcó ayer junto al presidente Fernández en la delegación argentina que participará este domingo del acto de asunción de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia. Alberto F. buscará en La Paz tomar el rédito político de haber sido uno de los artífices del exilio de Evo Morales cuando su vida corría peligro tras haber sido depuesto por un régimen ilegítimo que tuvo, entre otros, un claro apoyo de Donald Trump.
La lógica de Cristina
Aunque el flamante gobierno boliviano no tendrá la impronta de Morales. De movida, Arce envió señales para tratar de cerrar la grieta y confirmó que retomará la política económica que él mismo implementó como ministro del área, que se caracterizó por la prolijidad en el manejo de las cuentas públicas. El vicepresidente David Choquehuanca sí encarna el espíritu político de Evo: la fórmula del Movimiento al Socialismo parece haberse armado con la lógica de Cristina Kirchner.
La propia vicepresidenta explicó, en la carta que dio a conocer el 26 de octubre, cómo fue su razonamiento cuando eligió a Fernández para encabezar la fórmula del FdT. Alberto F. sería el encargado de tender puentes con sectores que ya no confiaban en ella, especialmente los empresarios. “También le recordó al Presidente que es un gobierno de coalición”, precisó desde su despacho un dirigente de alto nivel del frente que aún no llegó a cumplir un año de gestión.
La disconformidad con la marcha de la administración albertista figura en todas las conversaciones internas del oficialismo. “Para ver los ministros que funcionan o no funcionan, hay que leer el informe de ejecución presupuestaria”, deslizó otro referente del FdT. Entre esos cortocircuitos navega Martín Guzmán. El titular de Economía pergeña una fórmula para aplicar el impuesto a las grandes fortunas de forma tal que los empresarios no agudicen la tendencia a irse del país.
El paquete de Guzmán
Pero el paquete que prepara el Gobierno, bajo la lupa de Guzmán, es bastante más amplio: incluirá también una Reforma Tributaria y la renovación del Consenso Fiscal con las provincias, que las comprometerá a desistir de los litigios actuales contra la Nación y a no promoverlos en los próximos dos años. La relación entre la Casa Rosada y el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, volverá a tensionarse. Pero Alberto F. apuesta a su alianza con los gobernadores.
A tal punto, que varios de ellos –como el sanjuanino Sergio Uñac y el salteño Gustavo Sáenz- ya pidieron públicamente algo que es funcional al Gobierno: la suspensión de las PASO 2021 con el argumento de que el país no está para gastar 13.000 millones de pesos en su realización, luego de haber hecho frente este año a gastos extraordinarios debido a la pandemia de coronavirus. El mismo argumento había esgrimido el macrismo en medio de la crisis económica en 2019.
En el Congreso todavía recuerdan el proyecto en ese sentido del diputado del PRO Pablo Tonelli. Mientras tanto, la sanción en el Senado de la Ley de Etiquetado –que promueve la información transparente al consumidor en los productos alimenticios- fue interpretada como un castigo político de Cristina al más albertista de los gobernadores, el tucumano Juan Manzur. Desde la provincia azucarera, todas las fuerzas políticas hacen lobby para frenar la iniciativa en Diputados.
En la Cámara baja, el presidente Sergio Massa almorzó el viernes con Aníbal Fernández, lo cual volvió a fogonear los rumores de que el experimentado dirigente quilmeño está en carrera para entrar al Gabinete cuando el Presidente decida refrescar las caras del Gobierno. “Fue un almuerzo y nada más”, minimizó Aníbal F. al cabo del encuentro de tres horas, con salmón y ensalada en el menú. Hay quienes dicen que Fernández está vetado por el influyente secretario Gustavo Beliz.
Entre Macri y Larreta
La pulseada de poder dentro del oficialismo se hace cada vez más notoria. En la oposición, en tanto, la discusión interna pasa por el perfil que se le quiere dar a la coalición Juntos por el Cambio de cara a las elecciones legislativas de 2021. Por un lado, el expresidente Mauricio Macri se muestra muy activo con reuniones en las que expresa duras críticas al Gobierno nacional; mientras que el alcalde Larreta inició una prédica para encarar el armado desde una lógica anti-grieta.
Larreta, que en la semana se mostró junto a María Eugenia Vidal, Martín Lousteau, Rogelio Frigerio y Margarita Stolbizer, acumula apoyos en la búsqueda de ampliar JxC, mientras que Macri se recuesta en los más duros opositores al Gobierno, como Patricia Bullrich y Miguel Pichetto. Las marchas o “banderazos” como el que se realizará este domingo en distintos puntos del país, también los diferencian: Macri se regocija y los alienta, mientras que Larreta hace silencio.
No obstante, en las protestas callejeras aparece una demanda que unifica a la oposición: que la Justicia se comporte de manera independiente. El pronunciamiento mayoritario de la Corte Suprema sobre los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli cayó mejor en el oficialismo que en la oposición, puesto que si bien los ratificó provisionalmente, en el fondo rechazó los traslados realizados durante el gobierno de Macri, como pedía el kirchnerismo.
El debate interno en el oficialismo en torno a la candidatura del juez Daniel Rafecas a la Procuración genera otro motivo de incertidumbre institucional. Cristina mandó a sus allegados a cuestionar una supuesta falta de compromiso de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, a la hora de defender al candidato del Presidente. La funcionaria ratificó la postulación del juez, pero el magistrado avisó que no está dispuesto a seguir en caso de que cambien la ley para nombrarlo.
El ruido institucional nunca contribuyó a la estabilidad política ni a la bonanza económica.
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