¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno para conseguir dólares? La pregunta circula desde hace varios días entre dirigentes oficialistas y opositores que observan con preocupación cómo gotean, en forma persistente, las enflaquecidas reservas internacionales del Banco Central, sin que el “supercepo” haya conseguido cauterizar la sangría.
El propio Gobierno pareció responder a esa pregunta al abrir una ventana para que el agro liquide la cosecha que mantiene retenida, estimada en 17 millones de toneladas. La baja de retenciones a la soja sin procesar, de 33% a 30%, y de los subproductos a 27%, obedece a la expectativa oficial de sumar unos 3.000 millones de dólares hasta fin de mes.
La presentación del ministro de Economía, Martín Guzmán, fue la cara visible de negociaciones que se realizan en forma reservada y de las que participan el presidente Alberto Fernández y los titulares de ambas cámaras del Congreso, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Del otro lado del mostrador están las aceiteras y los exportadores de cereales.
Las conversaciones son bien pragmáticas: los empresarios de la cadena agroindustrial le piden al Gobierno que impulse una rebaja progresiva de las retenciones a las exportaciones y que garantice estabilidad fiscal por 10 años; los funcionarios reclaman un gesto de “buena voluntad” para que aparezcan ahora los dólares de la cosecha retenida.
Una moneda de cambio
“La ley la tenemos guardada bajo siete llaves”, deslizó un legislador del Frente de Todos que está al tanto de las negociaciones, en referencia al proyecto que impulsa el Consejo Agroindustrial Argentino, interlocutor del Gobierno en esta delicada coyuntura. Afuera de este entramado quedaron las organizaciones de la Mesa de Enlace del campo.
No es casual que eso haya sucedido: los productores entienden que habrá una nueva transferencia de recursos hacia el sector industrial –beneficiado con la suba de reintegros y la baja de retenciones a cero por ciento-, mientras que las economías regionales, la carne y la leche no fueron tenidos en cuenta. Tampoco se redujo el 12% de retenciones al maíz y el trigo.
En la visión del Gobierno, la Mesa de Enlace –en especial la Sociedad Rural- sigue insistiendo en los argumentos con los que se opuso a la 125 que dividió aguas entre el kirchnerismo y el campo en 2008. Los productores aducen motivos menos políticos: ya vendieron la soja y les descontaron el 33% de retenciones, con lo cual la diferencia de tres puntos se la quedarán los acopiadores.
En el anuncio que hizo Guzmán en la Casa Rosada, ese sector estuvo representado por José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y titular del Consejo Agroindustrial; y Gustavo Idígoras, jefe de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y ex agregado agrícola ante la Unión Europea. Ambos habían estado con Cristina dos meses atrás en el Senado, a donde llevaron una propuesta para aumentar las exportaciones a 100.000 millones de dólares anuales. Actualmente, no superan los U$S 65.000 millones.
Un aspecto clave del plan que la Vicepresidenta recibió de manos de Martins, Idígoras y Roberto Domenech, de la Cámara de Empresas Avícolas, es la promesa de generar 210.000 empleos entre 2020 y 2030 en el interior del país (700.000 sumando los indirectos), con lo cual se podría “detener el flujo migratorio hacia las grandes urbes y el Conurbano”, aseguraron en el despacho principal de la Cámara alta.
Desconfianza y nerviosismo
La desconfianza que volvió a provocar el oficialismo en el sector agropecuario con el proyecto para expropiar Vicentin frenó las negociaciones, pero ahora se reflotaron ante la necesidad del Gobierno de hacerse de dólares para engrosar las reservas del Banco Central.
La política monetaria fue modificada por el directorio del Banco Central en forma complementaria a los anuncios de Guzmán. La entidad incorporó un “mecanismo de devaluación uniforme”, asumiendo una mayor volatilidad en la cotización del dólar.
El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sostuvo que “por el momento” no tiene pensado utilizar el swap con China, aunque admitió que está “activo y disponible”. Mientras que un sector del oficialismo sigue teniendo en la mira al economista que forma parte del círculo de confianza del presidente Fernández. Incluso, se permitieron girar los nombres de Sergio Chodos (representante argentino ante el FMI) y del diputado Carlos Heller como posibles reemplazantes de Pesce.
En medio del tembladeral económico, el Gobierno se aferró al primer dato positivo que arroja la economía en los últimos meses: la recaudación de 606.508 millones de pesos, en septiembre, representó una mejora real de 5% respecto de igual mes de 2019.
Apuntan contra Rosenkrantz
Un par de días antes de los anuncios económicos, un almuerzo reunió en la Casa Rosada al presidente Fernández, a los diputados Massa y Máximo Kirchner y al jefe de Gabinete Cafiero, entre otros. Allí, varios de los presentes coincidieron en señalar como un “duro golpe” para el Gobierno la aceptación del “per saltum”, por parte de la Corte Suprema, para tratar los casos de los jueces desplazados Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
El oficialismo apuntó contra el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien había pedido tratar el “salto de instancia” solicitado por los jueces desplazados y fue enfático a la hora de argumentar su aceptación. Los otros cuatro jueces supremos, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, fueron más escuetos en el fallo conjunto, con lo cual la resolución final de la Corte sigue abierta. A su vez, el Consejo de la Magistratura ratificó el proceso de revisión de los traslados desde 1998 al presente, mientras que el procurador Eduardo Casal dictaminó a favor de los tres jueces, en medio de la avanzada oficialista en el Senado para removerlo de su interinato.
En la Cámara alta, donde manda políticamente Cristina Kirchner, se votó el viernes la quita de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, una jugada que la oposición considera como un castigo político al distrito porteño –históricamente refractario al peronismo- y al alcalde Horacio Rodríguez Larreta, que se perfila como uno de los presidenciables de Juntos por el Cambio de cara a 2023. Larreta tuvo que postergar la presentación del Presupuesto 2021 en la Legislatura porteña, ya que la dimensión de la quita de recursos aún no está definida.
Peronismo sí, albertismo no
El ministro de Seguridad bonaerense se había entusiasmado con una candidatura a la presidencia del PJ nacional, pero ya quedó claro que ese sitial está reservado para Alberto Fernández. El jefe de Estado será proclamado, de hecho, en un acto que se realizará el 17 de octubre desde el edificio histórico de la CGT, que se adjudicó la organización porque tiene capacidad de financiar un “streaming masivo” por medio del cual el oficialismo apunta a llenar una “Plaza de Mayo virtual”.
Al aceptar la presidencia del PJ, Fernández deja en claro que no habrá “albertismo”, como venían predicando algunos de sus seguidores. La gravedad de la crisis económica, la agenda judicial de Cristina y la dificultad para reafirmar su propio liderazgo, colocan al Presidente en un escenario político desafiante e incierto.
COMENTARIOS