El Gobierno nacional prepara un paquete de medidas y proyectos para recuperar la iniciativa política, en momentos en que empieza a planificarse la salida de la cuarentena y la oposición cuestiona la ausencia de un plan de recuperación económica. En la agenda pospandemia se incluye un nuevo blanqueo de capitales y una modificación de la Corte Suprema de Justicia.
El borrador que circula por los despachos más importantes de la Casa Rosada también contempla sendas reformas del sistema previsional y de fueros judiciales como el federal. Se trata de un conjunto de medidas de fuerte impacto político, que el presidente Alberto Fernández pretende ir desplegando durante la segunda mitad del año, tras la parálisis obligada por el coronavirus.
Aunque fuentes oficiales consultadas advirtieron que el listado de objetivos a alcanzar en los próximos meses es “tentativo” y su impulso depende de la decisión del Presidente y del acuerdo de sus aliados políticos, sobre todo en el Congreso de la Nación.
En principio, lo que más interesa ahora a Alberto F. es el cierre de un acuerdo con los acreedores de la deuda argentina.
El jefe de Estado fue un crítico del blanqueo de capitales que impulsó su antecesor Mauricio Macri, porque incluyó a familiares de altos funcionarios, pero ahora el Gobierno analiza la posibilidad de adosar una iniciativa de ese tenor al proyecto de ley de moratoria impositiva que enviará la semana próxima al Congreso. Según trascendió, es un pedido de empresarios de la construcción.
En ese sector, las cámaras que agrupan a las empresas constructoras sostienen que si los capitales eventualmente repatriados se vuelcan a la obra privada, entonces se provocará un efecto dinamizador de la economía. Aunque todo dependería de la instrumentación del blanqueo y del gravamen que el fisco cobre por ello, advierten especialistas en materia económico-financiera.
La Corte y Comodoro Py
La iniciativa más potente que figura en el borrador presidencial es la creación de una comisión de notables, denominada como Consejo de Mejoramiento de la Calidad Institucional, que tendrá la misión de redactar una propuesta sobre el funcionamiento y la composición de la Corte Suprema de Justicia. En la Casa Rosada avisan que no promoverán la remoción de los actuales integrantes. La comisión, uno de cuyos integrantes sería el exministro nacional y bonaerense Carlos León Arslanian, acompañará el proyecto de reforma judicial que la ministra del área, Marcela Losardo, ya tiene redactado y listo para enviar al debate legislativo.
Esa iniciativa promoverá la modificación sustancial del fuero federal, para licuar el poder de los magistrados asentados en Comodoro Py.
Otra reforma que ya se está elaborando bajo la supervisión del ministro de Trabajo, Carlos Moroni, es la previsional. El Congreso suspendió el índice de movilidad de los haberes jubilatorios sancionado durante el gobierno anterior y Alberto F. ya dio dos aumentos –en marzo y en junio- por decreto. El plazo para aprobar una nueva fórmula previsional se extinguirá en diciembre.
El índice de actualización que se viene discutiendo hasta el momento dependería de la recaudación de la Anses y de la evolución de los salarios, pero todavía no hay acuerdo para que se incluya a la inflación como un factor de la fórmula.
Ese es precisamente un reclamo de la oposición en el Congreso. Se trata de un tema muy sensible tanto en términos políticos como sociales.
Para apuntalar el consumo masivo, el Gobierno también tiene en carpeta el lanzamiento del Plan Ahora 18, una nueva versión del original Ahora 12 que implementó Axel Kicillof cuando era ministro de Economía de Cristina Kirchner, que en esta oportunidad incluiría tres meses de gracia para el primer pago y la devolución del IVA para determinados productos de confección nacional.
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