En el Gobierno estiman que en 60 días podría quedar cerrada la negociación por el reperfilamiento de la deuda. Descuentan, además, que el trámite puede ser tortuoso y que habrá bonistas -aguardan que sea un puñado- que no aceptarán el acuerdo y que terminarán litigando para cobrar.
Es la historia de la Argentina. Crisis de deuda que termina en renegociaciones más o menos exitosas según los casos. En esta ocasión, los que están en juego son unos 144 mil millones de dólares, incluidos los 44 mil millones de obligaciones asumidas con el Fondo Monetario que se hablarán por cuerda separada. El propio Alberto Fernández es quien abrió la puerta a ese diálogo. La gira que protagoniza por Europa está fuertemente impregnada de ese propósito.
Durante el cónclave en el Vaticano con el Papa, el Presidente fue explícito: pidió a Francisco ayuda en las conversaciones con el FMI. También, que concrete un gesto adicional y reciba al ministro de Economía Martín Guzmán, que por estas horas se prepara para sumarse a la gira presidencial cuya próxima estación será Alemania y el encuentro con Angela Merkel. Otra etapa de esa búsqueda de respaldo se concretó con el encuentro del Presidente con las máximas autoridades del gobierno italiano.
La previa al encuentro con el Papa -más allá del contrapunto sobre el abordaje del tema del aborto- tuvo un costado de fuerte tono partidario. En la celebración de una misa en la Basílica de San Pedro, el arzobispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo pidió por el “éxito” de la gestión de Fernández. No solo eso: el sacerdote recordó un encuentro que mantuvo en 1973 en Roma con Juan Domingo Perón, exaltó la figura del tres veces presidente y completó con otra definición fuerte al considerar a Perón como una figura “cercana” y “fiel” al Papa.
En forma paralela, el equipo de Guzmán trabaja en el diseño de un plan para presentar a los acreedores. Se habría dejado de lado la idea de una quita de capital como se insinuaba en los albores de la gestión Fernández. El plan incluiría un recorte pero no se haría foco sobre el capital de la deuda y se apuntaría los cañones a estirar los plazos de vencimientos y a la reducción de los compromisos de intereses pactados.
Se dice que la propuesta a los acreedores sería “equilibrada”, al menos, bajo la percepción oficial, con la premisa de que “no pierdan plata”. Una condición indispensable para al menos tentar a los bonistas.
Claro que el plan de seducción requiere un poco más que buenas intenciones y apelaciones a que así como está la deuda es impagable. Implica exhibir un plan económico que al menos tenga cierta dosis de consistencia, algo que los acreedores le han hecho saber a Guzmán en su visita de las últimas semanas a Nueva York.
Programa
En la Casa Rosada sostienen que ese programa que quieren ver los bonistas ya se está aplicando, en etapas que incluyen incentivos al consumo para evitar que siga cayendo la demanda interna y la baja de la tasa de interés. Son dos caminos que conducirían al objetivo último: que el cumplimiento de las obligaciones deje espacio para cierta recuperación de la economía.
Habría un dato relacionado que genera cierto entusiasmo oficial: se habla de una módica recuperación de la recaudación que denotaría alguna señal de reactivación del mercado interno. “No buscamos ser agresivos ni amigables, queremos ser sustentables”, repite Guzmán en relación a la negociación con los acreedores. ¿Para diferenciarse del gobernador Axel Kicillof que arrancó con dureza la negociación con los bonistas de la Provincia?
El intríngulis del desenlace bonaerense inquieta a la Casa Rosada por el efecto rebote que podría tener sobre la negociación nacional. “Un default en la Provincia podría predisponer mal a los acreedores nacionales”, dicen en los mercados.
Por eso algunos funcionarios comenzaron a hablar de la idea de acotar esa eventual cesación de pagos a los límites de la Provincia. ¿Será posible reducir esos efectos cuando el que podría entrar en default es el principal distrito del país? Otra cuestión que podría comenzar a tener peso propio: algunos tenedores de bonos bonaerenses son al mismo tiempo acreedores de la Nación.
La negociación con el FMI viene por cuerda separada. Economía está manteniendo reuniones con funcionarios del organismo y aspiraría a concretar un acuerdo de renegociación por la extensión de los plazos de pago. Y que ese eventual cierre oficie de impulso y señal para el acuerdo posterior que el Gobierno ensayará con los bonistas. Sobre ese aspecto se profundizará cuando una nueva misión del Fondo visite el país entre el 12 y el 14 de este mes.
Otra parte de la historia de la renegociación de la deuda se escribió en el Congreso. En la Cámara de Diputados, el Gobierno arrastró a la mayoría de la oposición a votar el proyecto por el que se le otorgan facultades para ensayar el acuerdo con los tenedores de títulos en moneda extranjera. Esta semana ese trámite podría completarse en el Senado.
En términos políticos, la iniciativa persigue, más allá de las cuestiones instrumentales, el objetivo de dar una señal de unidad ante los acreedores externos a los que el Gobierno intentará convencer de reprogramar los vencimientos.
Más allá de estas negociaciones por la deuda, la política partidaria empezó a dar señales de movimientos tras el recambio de Gobierno. El PRO, por caso, está dando las primeras puntadas para encumbrar a una dirigente del ala dura opositora al comando partidario. Se trata nada menos que de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien nunca bajó el tono de sus críticas a la nueva gestión. Bullrich tendrá la misión además de sostener la unidad de Juntos por el Cambio, un espacio que surge bajo el mismo paraguas de ese rótulo pero en la práctica atomizado por carecer de un liderazgo indiscutido tras la salida de Mauricio Macri del poder.
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