Piden enviar a juicio oral a tres ex jefes de Gabinete

El fiscal Carlos Rívolo pidió que el juez Claudio Bonadio envíe a juicio oral a 47 intendentes y ex intendentes vinculados al kirchnerismo como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública por medio del programa de gestión de residuos urbanos (Pmgirsu). 
El pedido incluye a los ex jefes de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández. Además se están peritando 60 municipios más de todo el país por el mismo delito, que representó un perjuicio de 600 millones de pesos.
Después que la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de 47 intendentes, junto a la falta de mérito de otros 42 jefes municipales imputados y el sobreseimiento de otros dos, la causa está a un paso del juicio oral.
Esta investigación de Rívolo inició a fines de 2016, a partir de una auditoría interna de la actual gestión en la Secretaría de Ambiente, con participación de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la propia jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña.
La auditoría reveló que no hubo un adecuado estudio de los municipios que necesitaban de la ayuda nacional a través del programa implementado desde el gobierno a cargo de Cristina Fernández de Kirchner y que, por el contrario, se habrían cometido delitos en el manejo de esos fondos, según la investigación desarrollada por el juzgado a cargo de Bonadio.
Entre las irregularidades detectadas por la Justicia se encuentran una “falta de control interno en la ejecución de los proyectos”, en relación al “plazo de ejecución” y “rendiciones vencidas”, y “modificaciones e incumplimientos parciales o totales” en los proyectos aprobados para la financiación nacional.
En el expediente ya estaban confirmados los procesamientos de los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa entre 2013 y 2015.
Cuando se confirmó la acusación contra los ex jefes de gabinete de Cristina, los jueces señalaron: “Quienes ostentaban el control de los Pmgirsu incurrieron en un reparto discrecional de los caudales cuya custodia tenían a su cargo, al amparo de una estructura administrativa donde la desorganización era funcional a tales fines”.
En total son 10 los ex funcionarios nacionales que están procesados por la implementación irregular del programa que tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos  sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.