El proyecto de nuevo Código Penal que envió el Poder Ejecutivo al Senado de la Nación y que reabre el debate sobre temas controvertidos, como la despenalización del aborto y la corrupción, comenzará a ser discutido en comisión en abril con la exposición de funcionarios y especialistas.
La propuesta, que modifica el actual Código que rige desde 1921 y que sistematiza unas 900 leyes especiales, endurece las penas para casos de corrupción y narcotráfico, así como para los episodios de robos por parte de motochorros e introduce castigos para quienes arrojen piedras contra fuerzas de seguridad o interrumpan el tránsito.
En el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, que ya comenzó a levantar polvareda, no prevé eliminar la penalización, como proponía el proyecto que fracasó a mediados de 2018 en el Senado, sino que deja a criterio de cada juez la aplicación o no del castigo.
Fuentes de los diferentes bloques parlamentarios consultadas por Télam dijeron ayer que existe “voluntad política” para debatir la norma, pero admitieron que “no hay garantías” de que la aprobación definitiva se concrete este año, en medio de la campaña electoral por la elección presidencial de octubre próximo.
El texto enviado por el Gobierno declara la emergencia penitenciaria y despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad. Y mantiene la condena para la mujer que aborte, aunque el juez podrá eximirla de la pena.
Para corrupción -pago de coimas, sobornos y enriquecimiento ilícito-, las penas pasarán de la escala actual que va de 1 a 6 años de prisión a otra de 4 a 12 años.
PROYECTO PRESENTADO POR EL EJECUTIVO
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