La senadora Cristina Kirchner y sus dos hijos, Florencia y Máximo, fueron enviados a juicio oral y público por presunto lavado de dinero en el caso Hotesur, por la que se investigan el alquiler de hoteles al empresario Lázaro Báez.
Fuentes judiciales informaron que el juez federal Julián Ercolini envió el expediente a un Tribunal Oral para que se someta a juicio el caso.
La causa es por la maniobra de lavado de dinero de 80 millones de pesos, y con el alquiler de plazas hoteleras a las empresas de Báez, este último detenido y actualmente juzgado en la causa por la "ruta del dinero K".
"Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados", sostuvieron los fiscales Gerardo Pollicita y Gerardo Mahiques cuando solicitaron elevar la causa a juicio oral en diciembre del año pasado.
En ese momento, Pollicita recordó que el 80 por ciento de obra pública que entregó el Estado Nacional entre 2003 y 2015 fue a Báez, y luego de ello- señaló- establecieron un circuito duque "permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas a favor de una actuaria como sociedad anónima, cuya función en el esquema de blanquedo diseñado consistiría en recibir dinero proveniente del delito precedente y aplicarlo al negocio de la hotelería".
"Con una gran cantidad de fondos en poder de las empresas de Lázaro Báez que mensualmente cobraban del Estado Nacional, el esquema de blanqueo consistió en que los expresidentes adquirieran un grupo de hoteles –Alto Calafate, Las Dunas, y La Aldea- los pusieran a disposición de la maniobra para que su administración y explotación fuera ejerciada por una empresa pantalla, Valle Mitre, que se encargaría de recibir el dinero ilícito proveniente de las empresas de Grupo Báez", remarcaron.
Por ello, concluyeron que los Kirchner recibieron dinero "a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad", lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante la Oficina Anticorrupción y ante el fisco "ocultando su verdadero origen".
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