La ex presidenta Cristina Fernández fue citada nuevamente a declarar como imputada en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno con el pago de sobornos a entonces funcionarios de su Gobierno, y paralelamente el juez convocó a indagatoria a unos 100 empresarios.
Claudio Bonadio llamó también a empresarios, como ser Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurico Macri y ex titular de Iecsa; Carlos Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y otros tantos. También deberán presentarse en los tribunales federales de Buenos Aires el empresario Aldo Benito Roggio, propietario de una firma que lleva su apellido, y Juan Chediack, empresario arrepentido que renunció el año pasado como presidente de su compañía.
En la lista de indagados también figura el empresario detenido Cristóbal López, dueño del Grupo Indalo, uno de sus hijos, y su socio Osvaldo de Sousa. Además deberán declarar como indagados, entre otros, el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido; su colaborador, Roberto Baratta, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, todos ellos detenidos en prisión preventiva en el marco de otros procesos judiciales.
En total son 101 indagatorias entre ex funcionarios y empresarios que Bonadio vuelve a citar por nuevos hechos de supuestos sobornos en contratos de obra pública. Según trascendió, la ronda de declaraciones va a ser de aproximadamente cinco por día, comenzará en el 20 de febrero y terminará con la declaración de Julio De Vido. Por su lado, la fecha estimativa para que declare la ex presidenta es el 25 del mismo mes.
Se trataría de información proveniente de nuevos testimonios tomados obtenidos con la declaración Ernesto Clarens, hombre que manejaba las finanzas de los Kirchner, cuando se presentó como arrepentido.
En Santa Cruz
La defensa de la ex presidenta planteó la incompetencia del tribunal oral que realizará el juicio en la causa de la obra pública y solicitó que sea la justicia de Santa Cruz la que la juzgue. La defensa presentó ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) un escrito pidiendo que se declarara la incompetencia en el caso.
Se trata de la causa en la que Cristina está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita por el direccionamiento de la obra pública a favor del detenido Lázaro Báez en contratos viales en el sur del país.
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