Los embargos a la corrupción suman dos puntos del PBI

Luego de la firma del Decreto de Necesidad y Urgencia que dio inicio a la Extinción de Dominio Civil, el Jefe de Gabinete Marcos Peña publicó una carta en donde asegura que “actualmente hay casi $20.000 millones en proceso de ser recuperados, en causas penales que ya están en proceso”. 
Sin embargo, “el monto de dinero ilícito que se podría recuperar gracias a la aprobación de este mecanismo es varias veces superior”, añadió.
Según un trabajo que circula en despachos oficiales, en las once causas por corrupción en las que tiene participación la Oficina Anticorrupción, durante el 2017 y el 2018 se realizaron embargos por 269.619.648.122 pesos lo que al cambio de ayer de $38 por dólar significa unos USD 7095 millones o lo que es más o menos lo mismo, un poco menos de dos puntos del PBI de la Argentina.
Una equivalencia simple es compararlo con los pagos pendientes al Fondo Monetario Internacional para devolver el stand-by USD 57.100 millones. Aunque en 2019 y 2020 ya está asegurado el pago, no es así para los USD 45.000 millones que habrá que cubrir en 2022 y 2023. Si el DNU pasa por el Congreso y se aprueba, los fondos de las causas de corrupción que podrían entrar en Extinción de Dominio podrían ser el 15% de ese pago.
Las cifras corresponden a los embargos de los sujetos y las sociedades implicados en las causas de la denominada Ruta del Dinero K, Río Turbio, Enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner, el caso Skanska, Los Sauces, Odebrecht-Gasoductos y Odebrecht-Aysa, Hotesur y la causa de los Cuadernos K en donde figuran desde personalidades mediáticas como Federico Elaskar y Leonardo Fariña, hasta los más encumbrados empresarios de la Argentina.
En ese contexto, la ex presidenta Cristina Kirchner  suma embargos por $1.780.000.000. Sus hijos, la cineasta Florencia Kirchner y el diputado Máximo Kirchner, también tienen trabados embargos por $250 millones y $300 millones, respectivamente.
El ex ministro de Planificación hoy detenido en la cárcel de Marcos Paz, Julio De Vido, también tiene bienes confiscados por la Justicia. En su caso la cifra alcanza a los $1.500 millones.
En la extensa lista figuran el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, con su ex secretario Hugo Larraburu -ambos tiene confiscados $4.000 millones- al igual que el CEO de Tenaris, Paolo Rocca; Alberto Padoán y Rubén Aranda. Quien más fondos trabados tiene es Lázaro Báez ($10.780 millones).
El primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, también tiene un embargo por $400 millones en la causa de los Cuadernos K, al igual que otros empresarios de la obra pública (Aldo Roggio, Carlos Wagner, Juan Chediack, Juan Lascurain, Alberto Taselli, Alejandro Ivanissevich, Ernesto Clarens, Enrique Pescarmona, entre otros).