El presidente Mauricio Macri anunció ayer que a través de un DNU implementará la extinción de dominio para los bienes provenientes de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, luego de que la iniciativa quedara trabada desde hace años en el Congreso por falta de acuerdo con la oposición.
En el Salón Blanco de la Casa Rosada, el mandatario señaló que el objetivo de la medida es que "la justicia pueda avanzar más rápido en la recuperación" de bienes adquiridos como consecuencia de actividades delictivas y tendrá retroactividad de 20 años, con lo cual la extinción de dominio se podrá aplicar desde hechos cometidos en 1999 hacia adelante, indicaron voceros oficiales.
Esto último será posible debido a que el Decreto de Necesidad y Urgencia, que aún no había sido difundido, avanzará sobre "materia civil", mientras se desarrolla el proceso penal contra aquella persona procesada por delitos de corrupción, detalló el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien acompañó a Macri durante el anuncio.
"Lo hacemos por esta vía porque su aprobación es urgente y los proyectos están atascados hace años, ya esperamos demasiado", remarcó Macri sobre las idas y vueltas que tuvieron los proyectos que el oficialismo impulsó en la materia durante los últimos años.
El Presidente señaló que con el dinero recuperado se podrá utilizar para construir "escuelas, cloacas", y también "subastar" los "campos, casas, barcos, autos y obras de arte" provenientes de estos delitos.
"En Argentina, el que las hace las paga", enfatizó el mandatario nacional, en un breve anuncio en el que insistió en que "los criminales tienen que devolver hasta el último bien que se llevaron".
Por su parte, Garavano aclaró que este DNU se diferencia de proyectos de extinción de dominio presentados antes, como el que se trató en el Senado, ya que "es enteramente civil" y que se creará una "Procuraduría Civil" para impulsar los procesos en esta materia.
"La impugnación que se podría plantear (contra el DNU) es si se avanza sobre la materia penal, pero este proyecto avanza en lo civil ya que el Poder Ejecutivo está autorizado y fue muy cuidadoso de no hacerlo en lo penal", precisó en declaraciones a la prensa tras el anuncio.
Su par de Seguridad, Patricia Bullrich, agregó que el DNU permite que un juez civil "determine que esos bienes no los puede tener" un delincuente, independientemente de los procesos penales.
"Todos los DNU entran al Congreso. No creemos que haya un solo diputado o senador que estén en contra de sacarle los bienes a quienes les roban a la gente", subrayó Bullrich, luego de que fracasaran los intentos de aprobar el tema en el parlamento.
Según la ley, una vez dictado y publicado en el Boletín Oficial, el DNU presidencial ya tiene plena vigencia, salvo que sea rechazado por ambas cámaras del Congreso, mientras que antes la comisión bicameral de Trámite Legislativo debe pronunciarse pero no sobre el contenido sino sobre la validez del DNU.
La extinción de dominio significa que una persona con activos obtenidos por medio de un delito deja de ser el dueño de los bienes que ha robado al Estado.
De acuerdo a cálculos oficiales, existen unos 20.000 millones de pesos en bienes sometidos a medidas cautelares en causas por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.
La normativa penal vigente permite embargar, secuestrar y decomisar bienes mal habidos pero los corruptos siguen siendo sus dueños y al Estado se le complica poder hacer algo con ellos.
Según el proyecto que se había tratado en Diputados, solo con una imputación cualquier fiscal puede pedirle a un juez civil que dicte la extinción de dominio, que puede resolverse sin que haya sentencia penal, es decir con la sola sospecha de que una persona le robó al Estado.
En cambio, el proyecto del PJ aprobado por el Senado establece como condición para habilitar la extinción de dominio que haya una condena penal confirmada al menos en segunda instancia.
“Era un pedido de los vecinos”
Tras la firma de un decreto de necesidad y urgencia por parte del presidente de la Nación Mauricio Macri, que le permitirá a la Justicia recuperar bienes obtenidos por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y trata de personas, el senador Juan Fiorini expresó su apoyo a la medida: “Era un pedido de los vecinos”.
Al respecto, el senador, opinó “Este es otro paso que damos en lucha contra las mafias y el crimen organizado, objetivo que tenemos desde el primer día, tanto a nivel nacional, como provincial y en Junín”.
“A partir de este decreto vamos a poder recuperar bienes, y destinarlos a financiar políticas de Gobierno o adquirir bienes para mejorar las fuerzas de seguridad” “En nuestra ciudad por ej., el Intendente ya solicitó los bienes recuperados de la banda Gipsy Kings, que fueron obtenidos mediante estafas”, resaltó.
“De esta forma, le damos una herramienta más eficaz a la Justicia, para que pueda actuar, y en actividades delictivas, investigar el origen de los bienes, y en caso de no poder justificarlos por parte de los acusados, avanzar con la extinción”, finalizó Fiorini.
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