La Justicia cercó a Cristina, pero evitarán su desafuero

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita y 27 hechos de cohecho en la causa por los cuadernos de la corrupción. La medida judicial alcanza también al ex ministro Julio De Vido.
La confirmación del procesamiento de la ex mandataria era el hecho judicial al cual el juez federal Claudio Bonadio había dejado supeditado un nuevo pedido de desafuero contra la ex mandataria. Sin embargo, el titular del bloque Peronismo Federal, Miguel Pichetto, negó que vayan a aportar números para que el oficialismo logre el desafuero y consecuentemente detengan a la legisladora.
La sala I de la Cámara Federal ratificó además el procesamiento y la prisión preventiva para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obra Pública José López y el ex subsecretario de Control y Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, todos ya detenidos, como organizadores de la asociación ilícita. 
La Cámara Federal validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido en el caso, confirmó a Bonadio en la investigación y se consideró como “prueba válida” a los ocho cuadernos del remisero de Baratta, el chofer Oscar Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento fue ratificado como miembro de asociación ilícita.
“Los ocho cuadernos escritos por Oscar Centeno entre 2005 y 2010, y nuevamente desde 2013 a 2015, son testimonios de la realidad; el más detallado que se pueda tener sobre una práctica de corrupción enquistada en el corazón del gobierno de la última década”, sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en el fallo.
En los cuadernos escritos por Centeno “se relatan infinidad de trayectos por las calles de esta ciudad y del conurbano, cientos de nombres y de lugares, múltiples escenas surcadas por un mismo denominador común: el dinero”, destacaron los camaristas. 
Para la Cámara Federal, Centeno “fue testigo de numerosas actividades donde el dinero era el protagonista” ya que “lo vio desfilar en bolsos, mochilas y bolsas, tanto en residencias como en vehículos, en hoteles o en la vía pública, desde los más diversos orígenes, pero con pocos puntos de destino”.
Sobre los destinos del dinero, los magistrados destacaron que, de acuerdo al relato de Centeno, fue en una primera etapa a “los domicilios del (entonces) matrimonio presidencial” y en “el segundo período de narración” a la vivienda de Baratta y a la Quinta de Olivos. 
A la mayoría de los empresarios imputados, la Cámara Federal porteña les dictó la falta de mérito con relación al delito de asociación ilícita, y los procesó por cohecho (coimas), un delito más grave que el de dádivas, imputado en algunos casos por Bonadio.
En ese mayoritario grupo de 22 empresarios aparecen, entre otros, el ex director de Lecsa Angel Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y los empresarios Aldo Roggio, y el CEO de Techint, Luis Betnaza.
En ese segmento del fallo es que se determinó la liberación de los empresarios Carlos Mundín, Raúl Vertua, Néstor Otero y Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) (estos dos últimos estaban en prisión domiciliaria); Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa; Hernán del Río, chofer de José María Olazagasti, secretario del ex ministro De Vido; Ezequiel García, ex director de Energías Renovables del Ministerio de Planificación; y Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación.