Cerco judicial sobre la viuda del secretario K
Carolina Pochetti, cuyo esposo fue mencionado en los escritos del chofer Oscar Centeno, sufrió un revés en la Cámara Federal y avanzarán por lavado.
La Cámara Federal abrió el camino para que la Justicia convoque a indagatoria y disponga el congelamiento de los fondos en el exterior de Carolina Pochetti, esposa del fallecido Daniel Muñoz, quien fue secretario privado del ex presidente Néstor Kirchner, en la causa por lavado de dinero.
Así lo determinó la Sala II de ese tribunal, integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia decidió anular la decisión del juez Luis Rodríguez, que había sido impugnada por el fiscal Carlos Stornelli y ordenó al magistrado de primera instancia que dicte una nueva resolución.
Pochetti y otros imputados fueron denunciados por lavado de dinero, como derivación de la causa penal conocida como “Panamá Papers”, sobre la actividad financiera en el exterior del fallecido ex secretario Muñoz y de su viuda Pochetti.
Stornelli había pedido el congelamiento de fondos y las indagatorias, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que se registró la compra y venta de inmuebles por parte del matrimonio Muñoz, en Nueva York y Miami por 73.406.300 dólares.
El fiscal pidió el congelamiento de esos fondos y la indagatoria de Pochetti, Sergio Todisco, Elizabeth Municoy, Carlos Gellert, Perla Puente Resendez y Carlos Temistócles Cortés, todos vinculados a Muñoz y su viuda.
Para Stornelli, esos informes, sumados a los de organismos argentinos y datos entrecruzados de la Unidad de Investigaciones Fiscales (UIF), permitían sospechar que los imputados habían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero. El fin era “canalizar, convertir, transferir, administrar, vender disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados en hechos de corrupción sistemática y organizada detectados en el expediente en el que la ex presidente fue procesada como jefa de una asociación ilícita”, según la acusación del fiscal.
Los fondos de procedencia delictiva eran manejados de tal manera “para convertirlos e integrarlos al sistema formal con apariencia de licitud”, indicó el dictamen. De acuerdo a constancias de la causa, una parte del dinero fue reintroducida al sistema bancario de Estados Unidos y luego transferida a entidades financieras de otros estados de ese país, así como a México, Hong Kong y Andorra, a cuentas de empresas y personas.